Sentencian a pena privativa de libertad efectiva a exalcaldes y regidores de la Municipalidad Provincial de Quispicanchis

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusco consiguió sentencia condenatoria contra los exalcaldes y exregidores de las gestiones 2007-2010 y 2011-2014 de la Municipalidad Provincial de Quispicanchis, como autores del delito de peculado doloso por apropiación.

Durante el juicio oral, la fiscal provincial Gloria Soto Jara acreditó que las ex autoridades -en sesión edil y de forma unánime- decidieron incrementar la remuneración mensual del alcalde a S/8,334.00 así como las dietas de los regidores en S/625.00 por cada sesión a la que asistan hasta un máximo de cuatro secciones por mes. Con esa decisión, contravinieron la norma vigente y la opinión de asesoría legal.

Asimismo, las autoridades de la gestión siguiente, en sesión de concejo y en contra de lo establecido en la ley de presupuesto que prohíbe cualquier incremento, se apropiaron dolosamente la suma de S/2,470.00 de forma mensual, en caso del alcalde, y de S/741.00, en caso de regidores.

Con estas acciones, aprobaron de forma ilegal el incremento de las remuneraciones apropiándose dolosamente para sí y para otros la suma total de S/398,182.75 en el caso del primer hecho y la suma de S/422,670.17 respecto al segundo hecho.

Como resultado, el juzgado impuso a Domingo Huittoccollo Curasi, Guillermo Chillihuani Huamán, Rene Cristóbal Nieto Quispe, Juan José Quispe Oviedo, Santos Quispe Mayo, Benigno Loayza Ccoyori, Eliana Quispe Chino, Carlos Alberto Bravo Rodríguez, Orlando Haqquehua Medina, Jesús Veto Candía Cevallos, Graciano Mandura Crispín, Julián Condori Puma, Miguel Ángel Quintín Zambrano Vera, Filomeno Chunca Soncco, Buenaventura Martinez Diaz, , Fermín Quispe Ppacsi, Alfonso Gonzales Mamani, Jhon Angel Machaca Bolaños y Lucio Ttito Huaraccone la pena de tres años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. Mientras que a Anaís Diana Huaranca Mendoza a la pena de dos años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva en su ejecución.