Sentencian a imputado que realizaba chantaje sexual a su expareja en Moquegua

Un sentenciado no aceptó que la relación había terminado y exigía un último encuentro sexual a su expareja, ante la negativa, amenazó con dar a conocer las fotografías y videos de carácter íntimo en los que ella aparecía; situación que e no prosperó al ser intervenido en una rápida y coordinada acción fiscal y policial.

La agraviada ante el chantaje, denunció el hecho y con conocimiento de la autoridad, acudió al lugar al cual había sido citada y cuando ambos se dirigían a un hotel en el cercado de Moquegua, Richard Bruno Huanca Velásquez, fue intervenido en flagrancia delictiva.

Al momento del registro personal al imputado se le encontró un equipo celular con fotos y videos de la agraviada y los mensajes que corroboran la denuncia presentada, confirmando que exigía sostener relaciones sexuales una vez más, a cambio de no difundir las fotos y videos.

El hecho contó con la participación del fiscal provincial Miguel Roberto Giraldo Cadillo, que dispuso la realización de las diligencias pertinentes y ante los elementos de convicción reunidos que acreditan la responsabilidad del imputado, solicitó al juzgado la realización del proceso inmediato del caso.

Ya en audiencia, el imputado aceptó los cargos y vía terminación anticipada, el Poder Judicial le impuso una pena de 2 años y 6 meses con carácter de suspendida, sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, como autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de chantaje sexual.

La sentencia además establece el pago de una reparación civil que deberá cumplir, que de no cumplir se convertirá la pena en efectiva, según señala la resolución, audiencia que contó con la participación del fiscal adjunto provincial, Erick Chambilla González.

El sentenciado se mostró arrepentido por su accionar, mientras que la agraviada saludo el rápido accionar de las autoridades al intervenir y evitar la difusión o publicación de las fotografías y videos, que tenía en su poder su ex enamorado.

La resolución judicial dispone la incautación del teléfono móvil con el fin que el área técnica de criminalística de la Policía Nacional, elimine del equipo celular todo contenido íntimo sexual donde aparezca la agraviada.