Prisión preventiva para los presuntos autores del asesinato de una funcionaria de la SUNAT

El Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, logró que el Juzgado de Emergencia de Lima Este, declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de nueve meses, contra los imputados Alexis David Ramírez Ramírez y Axel Rodrigo Limay Chávez, reservando el debate respecto al investigado Jeffrey Alexander Purilla Risco.

La Fiscalía les imputa la presunta autoría del delito de robo agravado con subsecuentemente muerte, en agravio de Rosa Elena Farfán Soberón y el delito de banda criminal, en agravio del Estado, ocurrido el 20 de abril de 2023.

Según la investigación, la agraviada abordó un falso taxi, conducido por Alexis Ramírez, después de asistir a una clínica en Surco, en el trayecto subieron Jeffrey Alexander Purilla Risco, y otro conocido como “Popeye”; que habrían reducido y agredido a la agraviada, despojando de su equipo celular y tarjetas bancarias; la torturaron hasta que reveló sus claves de acceso a sus cuentas vinculadas a su celular; efectuando retiros y transferencias bancarias por el monto de S/. 9,280.00.

Los investigados hicieron transferencias bancarias a nombre de terceras personas y otras operaciones por un monto de 9,280 soles; posteriormente arrojaron el cuerpo de la víctima en las inmediaciones de la vía de Evitamiento, a la altura del puente Los Quechuas, en el distrito de Ate.

El Ministerio Publico obtuvo el levantamiento del secreto bancario de la agraviada y de los titulares de las cuentas receptoras de las transferencias bancarias; así como el levantamiento de la reserva del secreto de las comunicaciones, determinando que en el período de tiempo en que la agraviada permanecía retenida; se realizaron tres transferencias bancarias, a favor de cuentas que eran manejadas y controladas por Axel Rodrigo Limay Chávez.

Durante la audiencia, la fiscal provincial Nelly Rivera Martel sustentó los graves y fundados elementos de convicción como la información y datos personales de las víctimas en la memoria de los teléfonos de los investigados.

Así como el registro de conversaciones concertando denuncias falsas por pérdidas de tarjetas en las que recibieron las transferencias de dinero, con el fin de eludir su responsabilidad, entre otros elementos acopiados por el despacho fiscal, logrando la medida preventiva solicitada.