Disponen despliegue y monitoreo permanente de fiscales ante paro indefinido de rondas campesinas en San Martín

Con motivo del paro regional indefinido, convocado desde el miércoles 11 de enero, por la Central Única Regional de Rondas Campesinas (Cunarp), en el departamento de San Martín, el Ministerio Público, representado por su máxima autoridad, fiscal superior Jorge Eduardo Vergara Villanueva, dispuso el despliegue y monitoreo permanente del estado situacional de esta movilización, por parte del personal fiscal de Prevención del Delito y de turno Penal.

Al respecto, se detalló que, de acuerdo a reportes fiscales y de la Policía Nacional, la vía nacional Fernando Belaúnde Terry permanece bloqueada a la altura del caserío Nueva Unión, en el distrito de Nueva Cajamarca, Rioja; así como en el cruce entre los distritos de Calzada y Soritor, y el puente Indoche, en la provincia de Moyobamba.

De igual forma, en la provincia de Bellavista, los fiscales reportaron el bloqueo del puente Intiyacu; mientras que, en la provincia de Mariscal Cáceres, se bloqueó el frontis del caserío Nuevo Horizonte, distrito de Campanilla.

Como parte de las acciones preventivas y de respuesta, los fiscales acudieron a estas zonas, donde dialogaron y exhortaron a los dirigentes y ciudadanos a que desistan de la medida, acordando que se permitirá el pase vehicular por el lapso de una hora.

Tal es el caso de la fiscal provincial de Prevención del Delito, Olga Uberlit Salazar Delgado, que junto a su equipo de fiscales adjuntos provinciales, llegó al cruce de los distritos de Calzada y Soritor en Moyobamba, donde verificó la presencia policial e indicó a los manifestantes que el derecho a la protesta es válido pero no es absoluto y que, el bloqueo de carreteras constituye delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y, de mantenerse en esta medida, podrían ser sujetos de investigaciones penales.

La fiscalía ha advertido que, los vehículos del Estado administrados por los municipios provinciales y distritales, para la vigilancia de las rondas campesinas, no pueden ser usados para otros fines.

Hasta el cierre de este informe, la movilización regional se desarrolla de manera pacífica, sin disturbios, ni heridos o daños a la propiedad pública y privada, que lamentar.

El Ministerio Público vela por la seguridad ciudadana, previene el delito y defiende la legalidad, ante posibles atentados ocasionados durante jornadas de protestas públicas.
(jh)