Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno abrió investigación contra intervenidos en interdicción por minería ilegal en Ananea
Nota de prensaDeberán presentarse ante la Fiscalía para responder por manejo y procedencia de maquinarias utilizadas en extracción aurífera
Fotos: Oficina de imagen institucional
17 de noviembre de 2022 - 2:54 p. m.
Tras la interdicción realizada a las actividades de minería ilegal en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en la región Puno, la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) abrió investigación preliminar por presuntos actos de extracción y beneficio de recursos minerales.
Así, un total de ocho (8) personas entre intervenidas y vinculadas han sido citadas para el 30 de noviembre en curso en calidad de investigados ante el despacho de la Segunda FEMA – Puno, la cual abrió cinco carpetas fiscales de investigación preliminar, por la presunta comisión del delito de minería ilegal.
En la interdicción, las maquinarias de los investigados, fueron intervenidas junto a sus operadores, durante el operativo realizado contra dicha actividad ilegal el pasado 7 de noviembre, cuando realizaban la extracción y beneficio de recursos minerales metálicos como la obtención de mineral aurífero (oro), empleando para ello tres excavadoras las cuales extraían el recurso mineral en bruto, cargándolo a dos volquetes que los trasladaban hacia los chutes, donde se realizaba las labores de lavado de mineral por el método gravimétrico y posteriormente se hacía el proceso de amalgamación con mercurio.
Dichas personas al momento de la intervención no contaban con las autorizaciones respectivas para uso de maquinarias y se advirtió que en la zona, podrían estar haciendo mal uso del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) trabajando en zonas que no les corresponden, lo cual podría configurar en la comisión del delito de minería ilegal, ilícito penal tipificado en el Art. 307°-A del código penal.
Por ello deberán acudir en la fecha señalada, al despacho del fiscal provincial FEMA, Federico Chávarry Cuneo, para declarar sobre las maquinarias que operaban y demostrar que las mismas se encontraban debidamente autorizadas por la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (autoridad administrativa competente), y que justifiquen si las mismas correspondían o no a una actividad mineral formal o informal de la zona.
El fiscal precisó que se busca investigar y determinar una presunta responsabilidad penal de personas que vienen realizando operaciones ilegales, y que podrían encontrarse camufladas dentro de las actividades de minería informal que existen en la zona y que vienen generando grave afectación al ambiente y a sus componentes, provocando la contaminación de la cuenca del río Ramis, generando la alteración del paisaje natural de la pradera alto andina ubicada en los sectores de Pampa Blanca y Chaquimayo del distrito de Ananea.
Asimismo, la FEMA busca poder identificar a aquellos individuos sujetos a la formalización minera, que vendrían aprovechando su condición jurídica de mineros informales, para realizar actividades de minería ilegal, o amparando bajo su REINFO actividades mineras ilícitas de terceros, lo cual sería una constante en muchos lugares de la región Puno.
Lo acotado sería en razón de que el proceso de formalización minera, además de haberse extendido en demasía durante 10 años, con resultados nefastos, viene otorgando muchas facultades y beneficios a los mineros sujetos al mismo, los cuales tienen un mínimo control de sus actividades por parte de las autoridades administrativas como la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio del Ambiente y la propia Dirección Regional de Energía y Minas de Puno.
(PGO)
Así, un total de ocho (8) personas entre intervenidas y vinculadas han sido citadas para el 30 de noviembre en curso en calidad de investigados ante el despacho de la Segunda FEMA – Puno, la cual abrió cinco carpetas fiscales de investigación preliminar, por la presunta comisión del delito de minería ilegal.
En la interdicción, las maquinarias de los investigados, fueron intervenidas junto a sus operadores, durante el operativo realizado contra dicha actividad ilegal el pasado 7 de noviembre, cuando realizaban la extracción y beneficio de recursos minerales metálicos como la obtención de mineral aurífero (oro), empleando para ello tres excavadoras las cuales extraían el recurso mineral en bruto, cargándolo a dos volquetes que los trasladaban hacia los chutes, donde se realizaba las labores de lavado de mineral por el método gravimétrico y posteriormente se hacía el proceso de amalgamación con mercurio.
Dichas personas al momento de la intervención no contaban con las autorizaciones respectivas para uso de maquinarias y se advirtió que en la zona, podrían estar haciendo mal uso del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) trabajando en zonas que no les corresponden, lo cual podría configurar en la comisión del delito de minería ilegal, ilícito penal tipificado en el Art. 307°-A del código penal.
Por ello deberán acudir en la fecha señalada, al despacho del fiscal provincial FEMA, Federico Chávarry Cuneo, para declarar sobre las maquinarias que operaban y demostrar que las mismas se encontraban debidamente autorizadas por la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (autoridad administrativa competente), y que justifiquen si las mismas correspondían o no a una actividad mineral formal o informal de la zona.
El fiscal precisó que se busca investigar y determinar una presunta responsabilidad penal de personas que vienen realizando operaciones ilegales, y que podrían encontrarse camufladas dentro de las actividades de minería informal que existen en la zona y que vienen generando grave afectación al ambiente y a sus componentes, provocando la contaminación de la cuenca del río Ramis, generando la alteración del paisaje natural de la pradera alto andina ubicada en los sectores de Pampa Blanca y Chaquimayo del distrito de Ananea.
Asimismo, la FEMA busca poder identificar a aquellos individuos sujetos a la formalización minera, que vendrían aprovechando su condición jurídica de mineros informales, para realizar actividades de minería ilegal, o amparando bajo su REINFO actividades mineras ilícitas de terceros, lo cual sería una constante en muchos lugares de la región Puno.
Lo acotado sería en razón de que el proceso de formalización minera, además de haberse extendido en demasía durante 10 años, con resultados nefastos, viene otorgando muchas facultades y beneficios a los mineros sujetos al mismo, los cuales tienen un mínimo control de sus actividades por parte de las autoridades administrativas como la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio del Ambiente y la propia Dirección Regional de Energía y Minas de Puno.
(PGO)