Mayoría de intervenciones en últimas elecciones fue por intentos de suplantación de identidad
Nota de prensaMinisterio Público advierte que ese delito está penado con hasta 4 años de prisión
29 de setiembre de 2022 - 8:31 a. m.
La mayoría de las intervenciones efectuadas por los fiscales durante las últimas Elecciones Regionales y Municipales, realizadas el año 2018, fue por intentos de suplantación de identidad, delito electoral que se encuentra penado hasta con 4 años de prisión, informó el Ministerio Público, en el marco de la campaña "#NoCometasDelitosElectorales".
De acuerdo con el informe del Centro de Monitoreo y Alerta, elaborado por el Observatorio de Criminalidad de esta institución, del total de 145 adultos intervenidos durante esos comicios en 26 distritos fiscales, el 36,5% (49 electores) fue por intentar suplantar a un votante, conducta tipificada en el artículo 357 del Código Penal.
El fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito, advirtió que algunos electores no son conscientes que pretender votar por otra persona, en algunos casos por algún familiar que no puede acudir a sufragar, es un delito penado con cárcel.
Refirió que este tipo de conductas se observan mayormente durante los comicios regionales y municipales, como los que se desarrollarán este domingo 2 de octubre; razón por la que instó a los ciudadanos a evitar incurrir en esos delitos que afectan el normal desarrollo de la jornada electoral.
Otro de los delitos más recurrentes, con 29 intervenciones efectuadas por el Ministerio Público en los comicios de 2018, es realizar propaganda electoral en horas en que está suspendida, que está penado hasta con 2 años de prisión, de acuerdo al artículo 389 de la Ley Orgánica de Elecciones.
En esa oportunidad también se realizaron 12 intervenciones por perturbación o impedimento del proceso, penado hasta con 10 años de pena privativa de la libertad, conforme al artículo 354° del Código Penal. También se efectuaron otras 12 intervenciones por inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado, penado con hasta 4 años de cárcel, según el artículo 356 del Código Penal.