Fiscalía Ambiental logra 8 años de cárcel para minero ilegal que operaba en Tambopata

Nota de prensa
Por delito de contaminación ambiental agravada en agravio del Estado peruano

Fotos: Oficina de imagen institucional

29 de setiembre de 2022 - 8:19 a. m.

El quinto despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA Madre de Dios, logró sentencia condenatoria del Poder Judicial contra un ciudadano por delito ambiental, en su modalidad de delitos de contaminación agravada, en agravio del Estado peruano cometidos en el lugar denominado La Pampa.

Se trata de Joel Huillca Ttito, quien fue condenado a ocho años de pena privativa de la libertad efectiva e inhabilitación principal de ocho años para obtener concesiones mineras, de labor general, de beneficio o transporte de minerales metálicos o no metálicos y para su comercialización de los mismos. Asimismo, le fijó una reparación civil de mil soles que deberá pagar a favor del Estado peruano.

Conforme los medios de prueba actuados y sustentados en juicio oral por el fiscal Edwin Tocra Huamani, se acreditó que el sentenciado fue intervenido realizando actividad de extracción de mineral aurífero en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, a la altura del km. 108 de la carretera Interoceánica (La Pampa).

Al momento de su intervención, el denunciado se encontraba al interior de una poza grande de agua, que antes servía de hábitat de especies animales y plantas, realizando actividad extractiva ilegal con equipos y maquinaria como: un motor diesel, una balsa de madera, cilindros, tolva de madera y 27 galones de combustible diesel.

El Juzgado Penal Colegiado de Tambopata, que emitió la sentencia, valoró las fotografías extraídas del celular del condenado, donde se aprecia un pequeño lagarto sobre la balsa de extracción minera, lo que evidenció el daño ambiental y la destrucción del hábitat de especies de flora y fauna de la Reserva Nacional.

En este y otros casos, las FEMA vienen haciendo uso de la tecnología en la lucha contra los delitos ambientales, mediante drones y fotografía digital que permiten la ubicación de los puntos de actividad minera en zonas prohibidas y el registro fotográfico, reduciendo costos y esfuerzo humano en las intervenciones.
(PGO)