Ministerio Público obtuvo detención preliminar contra 31 investigados por enfrentamientos mineros en Caravelí

La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa consiguió que se declare fundado el requerimiento de detención preliminar, por 10 días, contra 31 personas, por los enfrentamientos ocurridos –el 2 de junio pasado–que dejaron como saldo siete muertos y cinco heridos en la zona minera del distrito de Atico, en la provincia de Caravelí. 

La fiscal provincial María Alejandra Cabana Ocsa sustentó el requerimiento que tiene como finalidad realizar las diligencias necesarias en el marco de la investigación en curso por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, homicidio calificado, lesiones graves, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos.  

Cabe precisar que estas personas fueron detenidas durante el enfrentamiento entre mineros artesanales de las empresas Calpa Renace, Ático Calpa y la minera Intigold Minig S.A. por disputas de terrenos. Durante esta intervención se incautaron armas de fuego, municiones, cajas de cartuchos, cacerinas, entre otros. 

Por su parte, el fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina; el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Santiago Irigoyen Díaz; la Fiscal Coordinadora de las Fiscalías Provinciales Penales y Mixtas, María Lozada Sotomayor; sostuvieron una reunión con el general Miguel Cayetano Cuadros, jefe de la IX Región Policial de Arequipa; y autoridades locales, con la finalidad de articular esfuerzos para la atención del conflicto, conforme a sus competencias.

Tras estos violentos hechos, el Ministerio Público ha iniciado diligencias urgentes como la recepción de declaraciones, toma de muestras para la prueba de absorción atómica, pericias antropológicas,  requerimientos de información, entre otras.

El Ministerio Público reitera su compromiso de prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley; así como velar por la recta y efectiva administración de justicia.