La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, a cargo del fiscal superior Alfonso Barrenechea Cabrera, dirigió el operativo de detención preliminar contra el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur, Ricardo Rojas León, y el exasistente en función fiscal, José Luis Corcuera Bocanegra; así como el allanamiento del inmueble del abogado Willington Ojeda Guerra.

La acción realizada con apoyo del personal de la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional se ejecutó de manera simultánea en seis viviendas ubicadas en Lima Metropolitana, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias.

De acuerdo a la tesis fiscal, Rojas León –en el ejercicio de su función como fiscal provincial titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lurín– recibió dinero de Willington Ojeda Guerra, abogado del Grupo Racso Miro Quesada y Ricardo Valderrama, para emitir resoluciones a favor de la citada empresa en los casos fiscales que se encontraban a su cargo.

También se le imputa el haberle hecho prometer al abogado Max Pacheco Acero, otro de los abogados del Grupo Racso Miro Quesada y Ricardo Valderrama, la entrega de una suma de dinero con la finalidad de interceder ante determinados funcionarios a cargo de casos judiciales vinculados a esta empresa, con la finalidad de que dicten resoluciones favorables al mencionado grupo empresarial.

Por su parte, Corcuera Bocanegra –en su condición de asistente en función fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lurín– apoyó a Rojas León en las cordinaciones y recepción del dinero entregado por los abogados del Grupo Racso Miro Quesada y Ricardo Valderrama.

Según la investigación fiscal, existirían cuatro hechos que vincularían a los imputados en los delitos antes mencionados; los cuales se sustentarían en declaraciones realizadas por un colaborador eficaz, un testigo protegido y otros testigos.

Durante la diligencia fiscal se incautó teléfonos celulares, chips, laptops y dinero en efectivo ascendente a más S/ 10 mil que servirán como prueba en esta investigación. Asimismo, se ha dispuesto el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los dispositivos electrónicos hallados.

El Ministerio Público reitera su compromiso prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley; así como velar por la recta y efectiva administración de justicia