Fiscalía inicia investigación contra ciudadano que incitó a violencia contra el presidente de la República
Nota InformativaInvestigación preliminar es contra Dave Hernández y los que resulten responsables, por los presuntos delitos de apología y discriminación, en agravio de Estado y del presidente Castillo
Fotos: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
21 de enero de 2022 - 12:11 p. m.
El Tercer Despacho de la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima – Rímac – Breña – Jesús María, inició investigación preliminar por el presunto delito de apología y discriminación contra el ciudadano que, por las redes sociales, incitó a la violencia contra el presidente de la República.
El fiscal provincial Augusto Berrocal Castañeda inició las investigaciones preliminares contra Dave Jimmy Hernández Vilca, quien el 18 de enero propaló un mensaje -a través de su cuenta de Twitter- que incita a la violencia contra el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones.
El fiscal explicó que los delitos por los cuales se realiza la investigación preliminar están contemplados en el Código Penal. Así, el delito de apología está tipificado en el artículo 316 y establece de ocho a quince años de pena privativa de libertad efectiva. Mientras que el artículo 323, sobre discriminación, dispone penas de tres a cinco años de cárcel.
En este caso, el investigado no solo habría cometido los presuntos delitos contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sino también contra el Estado, que está representado por máxima autoridad del Poder Ejecutivo.
El fiscal provincial Augusto Berrocal Castañeda inició las investigaciones preliminares contra Dave Jimmy Hernández Vilca, quien el 18 de enero propaló un mensaje -a través de su cuenta de Twitter- que incita a la violencia contra el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones.
El fiscal explicó que los delitos por los cuales se realiza la investigación preliminar están contemplados en el Código Penal. Así, el delito de apología está tipificado en el artículo 316 y establece de ocho a quince años de pena privativa de libertad efectiva. Mientras que el artículo 323, sobre discriminación, dispone penas de tres a cinco años de cárcel.
En este caso, el investigado no solo habría cometido los presuntos delitos contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sino también contra el Estado, que está representado por máxima autoridad del Poder Ejecutivo.