Ministerio Público logró impedimento de salida del país por 36 meses contra exintegrantes del CNM por el caso ‘Cuellos Blancos’

Luego que el fiscal adjunto supremo Iván Quispe Mansilla, de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, solicitara el impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses y sustentara en audiencia pública, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado dicho pedido en contra de Iván Noguera Ramos, Guido Aguila Grados y Orlando Velásquez Benites.

Los imputados -que ocupaban altos cargos en la administración de justicia, al ser consejeros del ex Consejo Nacional de la Magistratura, instancia que nombraba a jueces y fiscales-, vienen siendo investigados por pertenecer presuntamente a la organización criminal denominada ‘Los Cuellos Blancos’.

A los ex consejeros Iván Noguera y Guido Aguila se les imputa el delito de organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho pasivo específico, este último debido a la recalificación lograda por dicha Fiscalía Suprema, pues la acusación constitucional dictada por el Congreso de la República fue solo por patrocinio ilegal, por los hechos relacionados a la ratificación del juez Ricardo Chang Racuay y al nombramiento del fiscal Juan Canahualpa Ugaz. En tanto que al ex consejero Orlando Velásquez se le atribuye el delito de organización criminal y cohecho pasivo específico.

El fiscal adjunto supremo Carlos Bedoya Casablanca sustentó en audiencia el pedido contra los referidos investigados debido a la existencia de graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena superior a cuatro años, inminente peligro de fuga y el amplio movimiento migratorio de los imputados que les permitiría salir del país en cualquier momento.

Asimismo, se declaró fundado el pedido del Ministerio Público de incrementar en S/ 50 000 la caución que deberán hacer efectiva Iván Noguera Ramos y Guido Aguila Grados, es decir cada uno pagará a S/ 100 000 y S/ 150 000, respectivamente; dentro de los tres días hábiles de notificada la orden judicial.