Ministerio Público sustentó requerimiento de prisión preventiva para miembros de presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro

Durante dos días consecutivos, la fiscal Vanessa Díaz, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sustentó el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra 18 miembros de la presunta organización criminal que traficaba con licencias de conducir y contratos de personal en el Gobierno Regional de Junín.

Según la investigación fiscal, esta presunta organización habría comenzado a operar desde el 2019 cuando Vladimir Cerrón Rojas, imputado como lider, asumió el cargo de gobernador regional de Junín.

La representante del Ministerio Público sostuvo que esta organización delictiva estaría conformada por, al menos, 42 personas, quienes habrían operado en una estructura jerárquica de cuatro niveles destinados a la obtención de dinero que tenia como destino la organización política Perú Libre y el beneficio personal de Vladimir Cerrón.

Entre las actividades criminales identificadas por la fiscalía se encuentra el trafico de licencias de conducir, otorgamiento indebido de licencias, renovaciones y categorizaciones a cambio de coimas. Asimismo, la contratación de personal afiliado a Perú Libre a través del direccionamiento de concursos CAS con la finalidad de cobrarles montos que pudieran servir para el sostenimiento del mencionado partido político y de su líder.

A lo largo de la sustentación, la fiscal Vanessa Díaz expuso los fundados y graves elementos que vinculan a estas personas con la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico; detallando también las penas que corresponderían a cada uno de los miembros, según los hechos delictivos en los que estarían involucrados.

También se mostraron las capturas de pantalla y transcripciones de las llamadas obtenidas a través de interceptaciones telefónicas, que evidenciaban las coordinaciones entre los miembros de esta organización para evadir la acción de la justicia, determinándose la existencia de peligro procesal y riesgo de fuga.

La fiscal responsable de esta investigación sostuvo en la audiencia que los medios probatorios expuestos son vastos y contundentes, por lo que el tiempo solicitado para esta medida coercitiva es proporcional a los hechos y evidencia. Precisó que los 36 meses de prisión preventiva responden a la complejidad del proceso y permitirán cubrir la investigación en su etapa intermedia y juzgamiento.