Allanamiento y detención preliminar para efectivos policiales por presunta corrupción de funcionarios

El Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima realiza un operativo de allanamiento en 42 inmuebles relacionados a efectivos policiales en actividad y retiro de diversas jurisdicciones y civiles, que realizaban intervenciones y operativos ilegales a empresarios, comerciantes y transportistas considerados informales por no contar con los permisos respectivos o estar al margen de la ley.

Asimismo, la fiscalía anticorrupción consiguió la detención preliminar por el plazo de 10 días contra 21 investigados. Es de precisar que el Ministerio Público solicitó la misma medida para dos presuntos implicados más, pero esta no fue aceptada.

La investigación, a cargo de la fiscal provincial Mónica Paola Silva Escudero, señala que los presuntos implicados, investigados por la presunta comisión de concusión, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, tráfico de influencias y organización criminal, obligarían a entregar sumas de dinero o dádivas para no quedarse con la mercadería, o abrir investigación policial a los intervenidos. Se presume que contarían con un grupo de informantes, quienes harían seguimiento y brindarían información de primera mano para ubicar a los locales o personas a quienes podrían intervenir.

La diligencia de allanamiento comprende la incautación de documentos relacionados con la investigación en los domicilios y centros laborales de los investigados; dinero producto de los hechos ilícitos, cuyo origen es incierto; bienes, como chalecos, armas, placas policiales, carnés de identificación; dispositivos electrónicos; y papeletas del 2019-2020; cuadernos con información sobre movimientos del personal y vehicular. Asimismo, se autorizó el levantamiento de las comunicaciones.

Cabe precisar que esta presunta organización criminal, denominada para los fines de investigación como ‘Los Casasola’, operaba de forma jerárquica y estaba constituida por varios grupos criminales que dividían sus funciones en los distritos de Lima Centro y La Victoria.

Esta intervención es el resultado del constante trabajo y compromiso del Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios.