Ministerio Público interviene instituciones en el marco de investigación preliminar por irregular vacunación de funcionarios

Nota Informativa
Fiscales llegaron hasta las sedes del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Digemid, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Fotos: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

19 de febrero de 2021 - 1:34 p. m.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte interviene en esto momentos las sedes del Ministerio de Salud (Minsa), Instituto Nacional de Salud (INS), Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), como parte de las indagaciones iniciadas por la irregular vacunación contra la COVID-19 de funcionarios públicos y particulares.
 
Las diligencias se desarrollan con el apoyo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional en el marco de la investigación preliminar iniciada por el fiscal provincial Marco Carrasco Campos por un plazo de 60 días.
 
Las diligencias tienen como finalidad recabar información sobre la participación de los funcionarios públicos en el uso de las vacunas del laboratorio Sinopharm fuera de los ensayos clínicos desarrollados por ambas universidades con 12 000 voluntarios en nuestro país.
 
Con estas indagaciones se busca hallar la vinculación de los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la administración pública.
 
Entre los documentos a recabar se encuentran la relación de personas que accedieron a la vacuna, el registro de ingreso y salida de personas, convenios u acuerdos con Sinopharm y otros documentos y registros que puedan ayudar al esclarecimiento de los hechos denunciados.
 
Cabe precisar que la Fiscalía Anticorrupción interviene cuando los presuntos delitos contra la administración pública son atribuidos a funcionarios y servidores públicos. No obstante, cuando los supuestos delitos son cometidos por altos funcionarios del Estado que tienen prerrogativa de antejuicio político, la investigación preliminar le corresponde al Despacho de la Fiscalía de la Nación.