Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra gobernador regional de Áncash y otras ocho personas

El Octavo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ancash, a cargo del fiscal Robert Rojas Ascón, solicitó nueve meses de prisión preventiva contra el gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa, y otros ocho implicados en la investigación por presuntos actos de corrupción en el marco de la lucha contra el COVID-19 en el hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.

 

El pedido se realizó el 6 de diciembre último ante la Mesa de Partes de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Según refirió el representante del Ministerio Público, el pedido se sustenta en un promedio de 1500 folios presentados con las pruebas de los presuntos actos de corrupción, tipificado como delito de colusión agravada.

 

Como se recuerda, el pasado 30 de noviembre, con apoyo del personal de la División de Alta Complejidad de la Policía Nacional, Morillo Ulloa fue detenido y fueron allanadas diversas viviendas de los funcionarios del Gobierno Regional de Áncash, entre el ex gerente general, Jhony Constantino Muñante Quispe; el gerente de Infraestructura, Pedro Velezmoro Saenz; y del responsable de la elaboración Inversiones de Optimización de Ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), Jiordano Alva Pinedo.

 

Además, se intervino al encargado de la evaluación del IOARR, Renzo Cerna Shuan; al subgerente de Administración – Abastecimiento, Juan Wilson Mendo Sánchez; al gerente de estudios y proyectos, Percy Rojas Vereau; y al subgerente de abastecimiento, Ángel Enrique Velásquez Abanto; a quienes se les incautó objetos personales y documentación relacionada a la investigación. 

 

A todos ellos se les imputa que, a pesar de las diversas irregularidades presentadas en los componentes de infraestructura y equipamiento en la obra “Remodelación de ambiente complementario, adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y equipo ecógrafo; además de otros activos en la EESS Eleazar Guzmán Barrón, habrían participado en una presunta concertación para favorecer a los representantes de las empresas ganadoras para la ejecución de dicho proyecto, valorizado en S/. 10 061 072.61.

 

El fiscal Robert Rojas Ascón informó que la audiencia de prisión preventiva se realizará mañana a las 9:00 a.m. Aclaró también que este pedido es solo por el caso del hospital de Nuevo Chimbote y que aún siguen investigando las contrataciones y servicios en otros hospitales de la región Áncash.