Ministerio Público realizó reunión de coordinación interinstitucional con empresas proveedoras de servicios de comunicaciones

Nota Informativa

Fotos: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

30 de octubre de 2020 - 4:53 p. m.

La Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación explicó las bondades del Convenio contra la Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest), los requerimientos de conservación de datos y el uso de la Red 24/7 respecto de casos urgentes en delitos informáticos.

El Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación (UCJIE), en su calidad de Autoridad Central, y en virtud de las atribuciones conferidas en el numeral 2 del artículo 512 del Código Procesal Penal, llevó a cabo el día de hoy al mediodía, vía Google Meet, la primera reunión de coordinación interinstitucional con las empresas proveedoras de servicio de comunicaciones, con la participación de los representantes de las empresas Telefónica, América Móvil Perú S. A. C. , Entel y Viettel Perú S. A. C.

En la reunión, la UCJIE remarcó la importancia del Convenio contra la Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest) a raíz de su entrada en vigencia en el Perú desde el 1 de diciembre del 2019; presentó un análisis de los requerimientos formulados al Perú por parte las autoridades extranjeras, explicó sobre la Red 24/7 y su importancia, debido a la necesidad de atención urgente de los requerimientos formulados a través de dicho canal en virtud a la naturaleza del delito informático y a la alta volatilidad de la información requerida.


Del mismo modo, se advirtió la apertura y buena predisposición por parte de las empresas proveedoras de servicios, que asumieron el compromiso en la búsqueda de medidas de solución para implementar un canal exclusivo de comunicación de los pedidos formulados por la UCJIE y que son requeridos por las autoridades extranjeras mediante dicha red.

Estas buenas prácticas marcarán las pautas en el tratamiento de los pedidos de asistencia judicial en el marco de la ciberdelincuencia y reflejan que solo se puede hacer frente a este tipo de criminalidad mediante un trabajo conjunto del Ministerio Público y las empresas proveedoras de servicios de comunicación.