Ocho años de prisión para exfuncionarios de Gobierno Regional de Pasco

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Pasco consiguió que el Poder Judicial revoque la pena privativa de la libertad suspendida por cuatro años, reformándola a ocho años de cárcel para tres exfuncionarios del gobierno regional, acusados de peculado doloso por apropiación.
Se trata del exdirector de Administración, Luis Ángel Carhuancho Camarena; del exdirector de Tesorería, Salustio Llerena Briceño; y la cajera María Melva Castillo Salas.

Conforme a los elementos sustentados en segunda instancia por el fiscal adjunto superior, Nahyhon Gonzales Aguirre, todos serían culpables de haber acordado la ilegal utilización de S/.78 000 de los fondos públicos en el año 2012, para prestárselo al ‘Consorcio Santa Rosa’, al cual ya se le pagaba por la construcción del camino vecinal Tomaconga - Sumec valorizada en  7 millones 677,18 de soles.

Debido a los fundamentos de la acusación, la fiscalía demostró que la sentencia de cuatro años suspendida por tres años bajo reglas de conducta dictada en primera instancia, fue desproporcionada al delito cometido. Por tanto, solicitó que los culpables sean condenados a nueve años y cuatro meses de prisión efectiva.

La condena
La pretensión fue finalmente aceptada en parte por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Pasco. En su resolución dictada mediante audiencia virtual, dispuso que los acusados cumplan ocho años de cárcel y el pago de nueve mil soles de reparación civil en forma solidaria, ordenando asimismo la inmediata ubicación y captura de los sentenciados.

Dicha investigación realizada por la fiscal provincial Mildred Victorio Aldana y ratificada por la fiscalía superior anticorrupción de Pasco, determinó que los acusados dispusieron del fondo destinado a la ejecución de proyectos de inversión, prestándolo para que el consorcio cumpla con sus obligaciones de pagar a sus trabajadores.

No se llegó a saber si el dinero fue devuelto o no, ya que, pese a que se alegó que este se retornó once meses después por otra empresa del consorcio, no fue confirmado por su representante legal.

Además, se comprobó que la demora en dicha reposición causó un perjuicio económico al Estado, pues el dinero dejó de generar intereses al salir del dominio público.