Apurímac: allanaron inmuebles de investigados por direccionamiento en compra de cinco ambulancias en gobierno regional

El Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional, realizó un megaoperativo simultáneo en tres ciudades del país dirigido a 15 inmuebles, entre ellos dos del gobernador regional de Apurímac (GRAP), Baltazar Lantarón Núñez, quien es investigado junto a otros funcionarios, familiares y un proveedor, por el presunto direccionamiento en la adquisición de cinco ambulancias.

La diligencia de allanamiento, registro domiciliario e incautación se realizó en simultáneo en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Lima y Cusco, con equipo de 16 fiscales especializados a cargo del fiscal Luis Ballón Segovia, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac, con el apoyo de policías de la Dirección Contra la Corrupción y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.

La misma se enmarca en la investigación abierta contra 11 personas, por los presuntos delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo propio, falsedad ideológica y falsedad genérica.

Durante los allanamientos, iniciados desde las 6 a. m., fue detenido el jefe de la Unidad de Adquisiciones del GRAP. Asimismo, las autoridades recabaron documentos físicos, digitales y, en algunos, casos equipos celulares; además de otras evidencias del supuesto favorecimiento a la empresa ‘Conversiones San José Perú S.A.C.’ en el proceso de Licitación Pública N.° 08-2019-GRAP. 

Además de los inmuebles del gobernador regional, ubicados en Abancay y en el distrito limeño de Jesús María, la medida judicial de allanamiento obtenida por el Ministerio Público incluyó también los domicilios de los otros funcionarios del GRAP investigados: la gerente general, Rosa Olida Béjar Jiménez; el exjefe de la Unidad de Adquisiciones, Jhonny Omar Palomino Yarihuamán; el exjefe de la Dirección de Logística, Edison Camero Guzmán; el abogado de la Dirección de Logística, Gustavo Fredy Prada Salazar; el gerente de Infraestructura, Miguel Ángel Azurín Solís; el gerente de Desarrollo Social, Elmer Montalvo Quintanilla; la coordinadora del proyecto en la Gerencia de Desarrollo Social; Betsabé Calle Cruz; y el  representante de la empresa ‘Conversiones San José Perú S.A.C.’, Ítalo Carmelo Ponce Montero.

Asimismo, los inmuebles de Cristina Lantarón Núñez y Fernando Manuel Alejos Lantarón, hermana y sobrino del gobernador regional de Apurímac; respectivamente, quienes serían los supuestos nexos con proveedores de menor cuantía, así como de colocar a funcionarios en puestos clave.

Según la investigación, el 22 de abril pasado, el Gobierno Regional de Apurímac recibió cinco ambulancias de ‘San José Perú S.A.C.’, sin que se haya suscrito contrato alguno con dicho proveedor. Además, los vehículos no contarían con el equipamiento médico establecido en las bases integradas, entre otras irregularidades.

Se presume la existencia de una posible concertación para favorecer a la referida empresa pues, durante la investigación, se ha identificado que en el proceso de adquisición se incluyeron determinadas especificaciones técnicas que solo serían de exclusividad del proveedor; tales como el que las paredes internas y el mobiliario de las ambulancias estén recubiertas con biocida de nanopartículas de cobre.

También se cuenta con la declaración de un testigo protegido que confirmaría la hipótesis del presunto favorecimiento; tanto en este proceso como en otros convocados por la entidad regional, lo que revelaría una práctica sistemática que involucraría a los principales funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac, así como familiares del gobernador.