Fiscalías contrastan información de presunta entrega irregular de canastas de víveres a funcionarios y servidores públicos

La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) distribuyó, a los 38 despachos fiscales especializados a nivel nacional, información de 4212 funcionarios y servidores públicos que habrían sido beneficiados irregularmente con canastas básicas familiares por la emergencia COVID-19, a partir de un informe de la Contraloría General de la República.

Dicho proceso se inició con la clasificación por rango de jurisdicción fiscal de un total de 880 municipalidades distritales y provinciales presuntamente involucradas en el delito de peculado.

Posteriormente, la información fue remitida a las respectivas fiscalías anticorrupción, consignando todos los datos facilitados por la Contraloría, entre ellos: nombre y DNI de los servidores públicos, entidad en la que laborarían, monto de su remuneración mensual, así como la fecha en la que se le habría entregado la canasta de víveres.

Cabe precisar que, además de las indagaciones basadas en el citado informe, las FECOF investigan otras similares denuncias formuladas por la ciudadanía, la Procuraduría y los medios de comunicación.

Según la información proporcionada por la Contraloría, entre los funcionarios y servidores públicos indebidamente beneficiados pertenecerían, en su mayoría, a diversos gobiernos regionales. De los 4212 trabajadores estatales, el 61% estaría percibiendo un sueldo superior a los S/3 mil.

Como resultado del proceso adoptado por la Coordinación Nacional de las FECOF, diversas fiscalías anticorrupción a nivel nacional vienen analizando la información respectiva y, en otros casos, están realizando diligencias de exhibición y recojo de documentos relacionados al sistema de distribución de las referidas canastas.

Entre las sedes fiscales que han recibido el mayor número de datos remitidos por la Contraloría están las de Lima Metropolitana (Callao, Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte, Lima Sur), con un total de 582 servidores públicos; Loreto relacionado a 482 y Piura vinculado a 369 trabajadores estatales.

“Estos datos son de suma importancia, pero requieren a la vez de una minuciosa verificación al igual que todas las denuncias que nos llegan de parte de la ciudadanía, la procuraduría y los medios de comunicación”, precisó el fiscal superior Omar Tello Rosales.

Asimismo, recordó que, desde el 16 de marzo al 30 de junio del presente, se han recibido un total de 925 denuncias por presuntos hechos de corrupción, las cuales están siendo investigadas por los fiscales anticorrupción, con el apoyo de peritos del Ministerio Público y con las medidas de bioseguridad que las circunstancias exigen.