Fiscales se graduaron en investigación fiscal para casos de trata de personas

Nota Informativa
Diplomatura gracias a la colaboración entre el Ministerio Público, la Organización Internacional del Trabajo y el respaldo académico de la PUCP

Fotos: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

31 de julio de 2020 - 1:48 p. m.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, 48 fiscales de todo el país concluyeron hoy con éxito la diplomatura: ‘Investigación fiscal en casos de trata de personas’, gracias a la colaboración entre el Ministerio Público, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el respaldo académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

En la ceremonia virtual de clausura, la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, recordó que la trata de personas supone concebir a las personas como mercancías. “Por ello, dentro de nuestra política institucional de luchar frontalmente contra la trata de personas y toda forma de explotación humana, el Ministerio Público viene gestionando iniciativas destinadas a fortalecer la actuación del sistema fiscal ante este delito, y esta diplomatura virtual es un ejemplo de ello”.

Los fiscales culminaron un intenso y especializado proceso formativo virtual de seis semanas a cargo de destacados docentes internacionales de Estados Unidos, España, Chile, Argentina y Colombia; así como de docentes peruanos de alto nivel.

“Hay un antes y un después para quienes hemos tenido el privilegio de participar en esta capacitación. Una de las experiencias más notables en este proceso de aprendizaje ha sido el acompañamiento permanente por parte de las y los docentes y tutores”, aseguró la fiscal superior Rosario Susana López Wong, coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos.

Los fiscales fortalecieron sus capacidades en temas como la evolución normativa y tipo penal de trata de personas, problemas concursales entre la trata de personas y otras formas de explotación, litigación oral y valoración de la prueba, técnicas especiales de investigación, entre otros.

Modelo de enseñanza


La fiscal de la nación valoró la metodología práctica para el análisis de los casos y el afianzamiento de la tesis fiscal para el éxito de las investigaciones; además de resaltar un punto clave de la diplomatura: “La aplicación del enfoque centrado en la víctima es eje de nuestro abordaje ante la trata y otras formas de explotación. Su aplicación es vital para evitar potenciales revictimizaciones”, afirmó la máxima representante de la Institución.

La directora adjunta de la OIT para los países andinos, Elena Montobbio, también reconoció el modelo de enseñanza de esta diplomatura, bajo el enfoque centrado en la víctima y el basado en el trauma durante la investigación fiscal. “A través de estos métodos, los participantes podrán desarrollar investigaciones y planificar operativos de rescate tomando en cuenta las necesidades particulares de las víctimas y las características específicas del trauma experimentado”, sostuvo.

Por su parte, la fiscal provincial Miluska Romero Pacheco, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima, afirmó que  “los conocimientos adquiridos van a permitir que mis investigaciones estén mejor organizadas y, a la vez, que el enfoque brindado a un caso de trata de personas tenga una perspectiva de género y de protección de derechos humanos”.

En la ceremonia de clausura virtual participaron también el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, Jorge Chávez Cotrina, y la gerenta de la Escuela del Ministerio Público, Marina Cuela.

Las autoridades expresaron su reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de los participantes por cumplir exitosamente con las exigencias académicas de la diplomatura, a pesar de las dificultades propias de la pandemia del COVID-19.

Cabe indicar que este programa de estudios es parte de las actividades del proyecto ‘Alianzas en acción para terminar con la trata de niñas, niños y adolescentes en el Perú’, ejecutado en el marco de la Alianza de cooperación para la protección de niñas, niños y adolescentes (CPC), financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.