Fiscalía de Flagrancia de Lambayeque logra prisión preventiva para investigados por receptación agravada de autopartes

La Segunda Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Lambayeque, logró que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de nueve meses para Juan Elorreaga y Jesús Zafra, por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada.

Los fiscal adjunta provincial Karla Rojas Haya, en coordinación con el fiscal provincial Luis Alberto Cabrera Herrera señaló que, los ilícitos que generaron la investigación ocurrieron el 6 de febrero de 2026, cuando el personal policial de la SECPIRV PNP Chiclayo, en coordinación con la División de Inteligencia de la Región Lambayeque (Divreint), tras diversas denuncias por hurto agravado de autopartes, obtuvo información sobre la presunta comercialización de autopartes de procedencia ilícita en el Mercado Modelo de Chiclayo y la existencia de un almacén clandestino en el segundo piso de una galería.

Como resultado del operativo, se logró la detención en flagrancia de los investigados y la ubicación del referido almacén, donde se incautó una considerable cantidad de autopartes, entre ellos 88 computadoras electrónicas vehiculares (ECU/ECM), 300 galletas de radio y 361 autorradios, entre otros bienes. Los hechos fueron comunicados de inmediato a la Fiscalía de Flagrancia.

Durante las 48 horas de detención preliminar, el Ministerio Público, en trabajo articulado con la SECPIRV, reunió graves y fundados elementos de convicción, incluyendo 27 informes periciales de identificación vehicular, lo que permitió incorporar hasta el momento a cinco agraviados e identificados al proceso penal, además de recabar sus declaraciones y las de testigos directos.

Asimismo, la Fiscalía acreditó que el stand donde se halló las autopartes era de propiedad de uno de los imputados y de dominio funcional de ambos, siendo usado como almacén para guardar computadoras electrónicas vehiculares y otras autopartes de origen ilícito.

Se sustentó que los investigados conocían o presumían el origen ilegal de los bienes comercializados, configurándose la tipicidad del delito de receptación agravada.

En audiencia, la representante del Ministerio Público expuso la teoría del caso y acreditó la concurrencia de los presupuestos materiales y procesales exigidos para la imposición de la prisión preventiva, logrando que el órgano jurisdiccional declare fundado el requerimiento fiscal.