Apurímac: Fiscalía pide 35 años de cárcel para altos mandos policiales por homicidio de menor durante represión en protestas sociales

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo presentó acusación contra el comandante general PNP (r) Raúl Alfaro y el teniente general PNP (r) Jorge Angulo por el delito de homicidio calificado con alevosía, y pidió 35 años de prisión efectiva para ellos por la muerte de un adolescente de 16 años durante las protestas sociales en el distrito y provincia de Chincheros, Apurímac, el 12 de diciembre de 2022.

La misma pena se ha requerido para los policías Luis Flores, exjefe de la región policial Apurímac; Alexis Luján, exjefe de la División Policial de Andahuaylas; Carlos Cuya, excomisario de Chincheros; y Litman Peña, exjefe de la Sección de Investigación Criminal de la Comisaría Sectorial PNP Chincheros.

Según la investigación, dirigida por la fiscal provincial Elizabeth Quispe, el menor agraviado, recibió por la espalda el disparo de un arma de largo alcance cuando caminaba cerca de la comisaría de Chincheros, lo que causó su muerte inmediata.

También se solicitó 30 años de cárcel para el suboficial PNP Charles Avendaño por el delito de tentativa de homicidio calificado con alevosía en agravio de un adolescente de 13 años. El policía habría disparado al menor cuando este salió de su domicilio a buscar a su madre durante las manifestaciones. Otro de los agraviados, el ciudadano Alcides Barzola, también fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego a la altura de su rodilla izquierda, lo que le ocasionó lesiones de gravedad.

Esta es la segunda acusación fiscal presentada contra exaltos mandos policiales (Raúl Alfaro y Jorge Angulo) por la represión durante las protestas sociales. Asimismo, incluye a cinco miembros de la Policía Nacional del Perú por los hechos citados.

Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su firme compromiso con la búsqueda de verdad, justicia y la reparación de las víctimas de las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, conforme a su mandato constitucional de perseguir el delito y garantizar el respeto de los derechos humanos.