FECOF de Lima Este logra sentencia por negociación incompatible para exfuncionarios de la Universidad La Cantuta

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Este, obtuvo sentencia condenatoria contra exfuncionarios y un proveedor vinculados a irregularidades cometidas en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.

De acuerdo con los hechos acreditados en juicio a cargo del fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez, durante el 2013 y 2014 se realizaron dos procesos de contratación para servicios de mantenimiento y reparación de unidades vehiculares en la casa de estudios, los cuales fueron adjudicados a una misma empresa privada.

Sin embargo, se determinó que los servicios no habrían sido ejecutados en diversas unidades vehiculares, pese a lo cual los funcionarios responsables otorgaron conformidad y el proveedor cobró la totalidad de los montos pactados.

Como resultado del proceso penal, el órgano jurisdiccional condenó a C. F. O. F., jefe de la Unidad de Transporte; J. M. A. C., coordinador de Mecánica, ambos de la universidad, así como a P. E. R. A., proveedor del servicio (extraneus). A los dos primeros se les impuso tres años y cinco meses de pena privativa de libertad, convertida en jornadas de prestación de servicios, además de inhabilitación por el mismo periodo y el pago de 154 días multa.

En el caso del proveedor, se le impuso tres años de pena privativa de libertad, convertida en jornadas de prestación de servicios, así como inhabilitación y 154 días multa. Asimismo, se ordenó el pago solidario de S/ 80 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

El caso fue sustentado en juicio por el fiscal adjunto provincial Rubén Felles Isidro, logrando acreditar la responsabilidad penal de los sentenciados. Con esta decisión, el Ministerio Público reafirma su compromiso de combatir la corrupción y proteger el adecuado uso de los recursos públicos.