Fiscalías especializadas lograron más de 13 000 condenas por delitos de violencia contra la mujer en todo el país

De enero a noviembre de 2025, las fiscalías especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (FEVCMIGF) lograron un total de 13 353 sentencias condenatorias en todo el país, por casos de violencia como delitos contra la libertad sexual y contra la vida, el cuerpo y la salud, incluyendo feminicidios.

La cifra equivale a un promedio de 1214 condenas mensuales y 40 condenas diarias en todo el país, de acuerdo con información oficial de la Coordinación Nacional de FEVCMIGF.

Durante el mencionado periodo, este subsistema especializado logró que el 92.4 % de las sentencias sean condenatorias, lo que representa un alto nivel de efectividad en los casos que se investiga, consolidando así la respuesta del Ministerio Público frente a la violencia en todo el país.

Los distritos fiscales con mayor número de sentencias condenatorias fueron Cusco (2878), Piura (1465), Arequipa (1345), Junín (1228) y Lima Este (1041), los cuales concentran una proporción significativa del total nacional.

Las agresiones físicas y psicológicas continúan siendo la principal manifestación de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el país. Del total de condenas logradas por las fiscalías especializadas, 11 194 correspondieron a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, lo que representa el 83.8 % del total nacional.

En segundo lugar, se obtuvo 2009 sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, entre ellos tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos —con y sin consentimiento—, así como violación sexual y violación sexual en agravio de menores de edad.

Asimismo, se registran 150 condenas por delitos contra la libertad, como acoso, proposiciones sexuales a menores y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Para la Coordinación Nacional de las FEVCMIGF, estos resultados evidencian una alta capacidad investigativa, que permite transformar las denuncias recibidas en investigaciones sólidas y procesos penales debidamente sustentados, a fin de obtener sentencias condenatorias.