FECOF de Ayacucho logra condenas efectivas para funcionarios ediles por irregularidades en el caso del puente Chorrobamba
Nota de prensaSe acreditó que durante la evaluación técnica de la obra se aprobaron adicionales sin sustento y modificaciones no justificadas.
10 de diciembre de 2025 - 5:22 p. m.
La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Ayacucho, logró que se confirme la condena en primera instancia, por lo que se impuso 10 años de pena privativa de libertad efectiva y 10 años de inhabilitación contra Vicente Vilca, ex funcionario de la Municipalidad Provincial de La Mar, responsable del delito continuado de negociación incompatible y colusión agravada.
Además, obtuvo la condena de seis años de prisión efectiva y seis años de inhabilitación contra Miguel Córdova y Beltrán Castilla, quienes también fueron hallados responsables de colusión agravada en agravio del Estado.
Contra Alejandro Morales y Yuri Berrocal, cuatro años de pena privativa de libertad y cuatro años de inhabilitación por el delito de aprovechamiento indebido de cargo.
Según la investigación fiscal, los hechos que sucedieron en 2013 giran en torno a una serie de irregularidades detectadas durante la ejecución de la obra Construcción del puente carrozable Chorrobamba, distrito de San Miguel, provincia de La Mar. En un primer momento, se identificó la aprobación irregular de un expediente técnico reformulado que no cumplía las exigencias normativas y que fue avalado pese a presentar inconsistencias sustanciales.
Posteriormente, el Ministerio Público acreditó que durante la evaluación técnica de la obra se aprobaron adicionales sin sustento y modificaciones no justificadas, decisiones en las que intervinieron Vicente Vilca, Alejandro Morales y Yuri Berrocal. Sus acciones favorecieron indebidamente al contratista y generaron variaciones presupuestales que carecían de respaldo técnico.
Se demostró la existencia de un acuerdo indebido entre los funcionarios responsables y el contratista para aprobar presupuestos adicionales y beneficios económicos no autorizados. Este comportamiento permitió un incremento irregular del costo de la obra y ocasionó un perjuicio económico relevante al Estado. Por estos actos de colusión agravada se estableció la responsabilidad penal de Vilca, Córdova y Castilla.
El conjunto de las acciones irregulares que incluyó la alteración del expediente técnico, ampliaciones de plazo sin base técnica, aprobación de adicionales de obra no autorizados y un favorecimiento directo al contratista, fue acreditado mediante informes técnicos, documentos administrativos y pericias analizadas durante el proceso.
Además, se ordenó el pago solidario de más de S/. 150 000 por concepto de reparación civil, distribuidos según los daños generados en cada una de las conductas.
Las penas de prisión serán efectivas una vez que se materialice la detención de los sentenciados; mientras tanto, quienes recibieron pena suspendida deberán cumplir estrictamente las reglas de conducta impuestas.
Distrito Fiscal de Ayacucho
Además, obtuvo la condena de seis años de prisión efectiva y seis años de inhabilitación contra Miguel Córdova y Beltrán Castilla, quienes también fueron hallados responsables de colusión agravada en agravio del Estado.
Contra Alejandro Morales y Yuri Berrocal, cuatro años de pena privativa de libertad y cuatro años de inhabilitación por el delito de aprovechamiento indebido de cargo.
Según la investigación fiscal, los hechos que sucedieron en 2013 giran en torno a una serie de irregularidades detectadas durante la ejecución de la obra Construcción del puente carrozable Chorrobamba, distrito de San Miguel, provincia de La Mar. En un primer momento, se identificó la aprobación irregular de un expediente técnico reformulado que no cumplía las exigencias normativas y que fue avalado pese a presentar inconsistencias sustanciales.
Posteriormente, el Ministerio Público acreditó que durante la evaluación técnica de la obra se aprobaron adicionales sin sustento y modificaciones no justificadas, decisiones en las que intervinieron Vicente Vilca, Alejandro Morales y Yuri Berrocal. Sus acciones favorecieron indebidamente al contratista y generaron variaciones presupuestales que carecían de respaldo técnico.
Se demostró la existencia de un acuerdo indebido entre los funcionarios responsables y el contratista para aprobar presupuestos adicionales y beneficios económicos no autorizados. Este comportamiento permitió un incremento irregular del costo de la obra y ocasionó un perjuicio económico relevante al Estado. Por estos actos de colusión agravada se estableció la responsabilidad penal de Vilca, Córdova y Castilla.
El conjunto de las acciones irregulares que incluyó la alteración del expediente técnico, ampliaciones de plazo sin base técnica, aprobación de adicionales de obra no autorizados y un favorecimiento directo al contratista, fue acreditado mediante informes técnicos, documentos administrativos y pericias analizadas durante el proceso.
Además, se ordenó el pago solidario de más de S/. 150 000 por concepto de reparación civil, distribuidos según los daños generados en cada una de las conductas.
Las penas de prisión serán efectivas una vez que se materialice la detención de los sentenciados; mientras tanto, quienes recibieron pena suspendida deberán cumplir estrictamente las reglas de conducta impuestas.
Distrito Fiscal de Ayacucho