Fiscalía fortalece lucha contra la minería ilegal con taller especializado para calcular impactos ambientales

El Ministerio Público, con el apoyo de la Conservation Strategy Fund (CSF), realiza un taller especializado dirigido a fiscales, asistentes en función fiscal y personal administrativo de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), con el fin de fortalecer sus capacidades técnicas en la investigación y persecución de delitos ambientales.

El curso, orientado a capacitar para el uso de la herramienta web 'Calculadora de Impactos de la Minería Ilegal de Oro', cuenta con el apoyo técnico de la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional del Ministerio Público (OPROCTI) y la Escuela del Ministerio Público (EMP). Ello con el objeto de que se pueda evaluar los daños sociales y ambientales producidos por la extracción ilícita de minerales, brindando información técnica clave para el análisis y sustentos de las investigaciones fiscales.

Por este motivo, el fiscal superior y coordinador nacional de las FEMA, Frank Almanza Altamirano, inauguró el curso que se dicta los días 10 y 12 de noviembre y destacó la relevancia de la cooperación interinstitucional para fortalecer la labor fiscal en defensa del medio ambiente. Asimismo, el director de la CSF Perú, Augusto Mulanovich Diez Canseco, resaltó el compromiso de su institución para apoyar los esfuerzos del Ministerio Público en sus tareas del día a día.

La herramienta busca que personal de las FEMA en los distritos fiscales de Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali se instruya en el uso de la calculadora para reconocer las categorías de impacto, tipos de minería practicadas en determinadas áreas y establecer con mayor precisión los parámetros de los efectos de dicho delito.

Las jornadas de formación, además, son dictadas por Cindy Silva Vivanco, economista consultora, investigadora, docente y analista de datos en diversas instituciones nacionales e internacionales.

Mediante estas iniciativas, el Ministerio Público reafirma su compromiso institucional con la protección del ambiente a través de la cooperación interinstitucional, en el marco de una gestión fiscal orientada a garantizar la legalidad, la sostenibilidad y la defensa del interés público.