Ayacucho: Fiscalía entregó los restos de siete víctimas desaparecidas entre 1984 y 1985 por agentes del orden
Nota de prensaPor cuatro casos ocurridos durante el periodo de violencia 1980-2000.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional.
26 de setiembre de 2025 - 9:18 a. m.
La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho encabezó la ceremonia de entrega de restos óseos y elementos asociados a los familiares de siete víctimas de desaparición forzada entre 1984 y 1985, durante el periodo de violencia ejercida por agentes del orden entre 1980 y el año 2000.
La restitución se dio en el marco de cuatro casos que tuvieron lugar en los distritos de Chungui y Oroncoy, en la provincia de La Mar. Una de las fallecidas, Marina Díaz Casa, murió tras un operativo del Ejército del Perú en Chaupimayo, en 1985, que resultó en la ejecución de decenas de campesinos, incluidas mujeres y menores de edad. Por este caso se registró 48 fallecidos.
En los casos Eraspampa y Huayrapata, fallecieron en mayo de 1984 los comuneros Marcial Morales, Víctor Castro C. y Gerardo Castro O., quienes fueron atacados por efectivos de la Guardia Republicana del Perú. En abril del mismo año, por el caso Ccalastopata, fueron ejecutados por militares cerca a la base de Mollebamba los hermanos Lorenzo y Erasmo Casa.
Por último, en el caso Tastabamba, también correspondiente a 1984, Alberto Morales fue detenido y ejecutado por efectivos militares en la comunidad de Putucunay. Los presuntos autores de las desapariciones son de acuerdo a las indagaciones realizadas por el fiscal provincial Carlos Palomino Quispe y sus adjuntos Jimmy Inga Gutiérrez, Ingrid Carrasco Morales y Nayle Chuchón Palomino.
En la diligencia participó virtualmente el fiscal superior Daniel Jara Espinoza, representando a la coordinación de las Fiscalías Superiores Nacionales Especializadas en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, así como peritos del Equipo Forense Especializado (EFE), que identificaron lesiones por proyectiles de arma de fuego en los restos de las víctimas.
La ceremonia también contó con la presencia de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), así como la participación de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). Con esta acción, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la búsqueda de justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familiares, en el marco del respeto a los derechos humanos.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo
La restitución se dio en el marco de cuatro casos que tuvieron lugar en los distritos de Chungui y Oroncoy, en la provincia de La Mar. Una de las fallecidas, Marina Díaz Casa, murió tras un operativo del Ejército del Perú en Chaupimayo, en 1985, que resultó en la ejecución de decenas de campesinos, incluidas mujeres y menores de edad. Por este caso se registró 48 fallecidos.
En los casos Eraspampa y Huayrapata, fallecieron en mayo de 1984 los comuneros Marcial Morales, Víctor Castro C. y Gerardo Castro O., quienes fueron atacados por efectivos de la Guardia Republicana del Perú. En abril del mismo año, por el caso Ccalastopata, fueron ejecutados por militares cerca a la base de Mollebamba los hermanos Lorenzo y Erasmo Casa.
Por último, en el caso Tastabamba, también correspondiente a 1984, Alberto Morales fue detenido y ejecutado por efectivos militares en la comunidad de Putucunay. Los presuntos autores de las desapariciones son de acuerdo a las indagaciones realizadas por el fiscal provincial Carlos Palomino Quispe y sus adjuntos Jimmy Inga Gutiérrez, Ingrid Carrasco Morales y Nayle Chuchón Palomino.
En la diligencia participó virtualmente el fiscal superior Daniel Jara Espinoza, representando a la coordinación de las Fiscalías Superiores Nacionales Especializadas en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, así como peritos del Equipo Forense Especializado (EFE), que identificaron lesiones por proyectiles de arma de fuego en los restos de las víctimas.
La ceremonia también contó con la presencia de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), así como la participación de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). Con esta acción, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la búsqueda de justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familiares, en el marco del respeto a los derechos humanos.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo