FECOF Piura obtiene prisión preventiva de 18 meses para involucrados en caso ‘los sanitarios de la corrupción’

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Piura, obtuvo 18 meses de prisión preventiva para diez investigados en el caso ‘los sanitarios de la corrupción’, por el delito de colusión agravada en perjuicio del Estado.

La fiscal provincial Emerita Fyorella Montero Talledo señaló que, la medida dictada tras una semana de audiencias, en las que el fiscal adjunto provincial José Aurelio Jiménez Moscol presentó diversos elementos de convicción que vincularían a un total de 19 personas con actos de corrupción en el proceso de licitación, ejecución y equipamiento del Centro de Salud de Huarmaca, en la provincia de Huancabamba.

De los 19 investigados, 11 estuvieron detenidos preliminarmente, y la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de igual número. El Poder Judicial acogió el requerimiento fiscal para 10 de ellos, mientras que para uno se dictó comparecencia con restricciones y caución económica, decisión que ha sido apelada por el Ministerio Público.

Entre los investigados con prisión preventiva figuran los exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura; dos exgerentes de Infraestructura, el exdirector regional de Construcción, el exdirector de Obras, la exdirectora de la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión, el jefe de Supervisión.

Así como el gerente general de Consac, empresa encargada de la supervisión, el representante legal del Consorcio Hospital Piura, el especialista en equipo médico, el gerente de operaciones.

En tanto, el exdirector general de Construcción y exdirector de Obras, deberá cumplir comparecencia con restricciones, así como pagar una caución de S/ 50 000. La Fiscalía ha apelado esta decisión, solicitando también su prisión preventiva.

El caso se origina en presuntas irregularidades detectadas durante la ejecución del contrato para el Centro de Salud de Huarmaca, que incluía la elaboración del expediente técnico, ejecución de la obra y su puesta en funcionamiento. Las investigaciones señalan que los funcionarios se habrían coludido para favorecer a la empresa contratista mediante la firma irregular de la Adenda N.º 10, lo que permitió pagos indebidos por S/ 815 198.42 por concepto de equipamiento médico que, hasta la fecha, no ha sido entregado.

Como parte de las acciones judiciales, el Juzgado ha ordenado la captura nacional e internacional de los imputados que aún no han sido ubicados, a fin de garantizar su presencia en el proceso y evitar el riesgo de fuga.