Fiscalía brindó capacitación a agentes policiales sobre estrategias de inteligencia en las investigaciones penales

El fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza Altamirano, ofreció una exposición magistral sobre ‘El manejo de la prueba por los agentes de inteligencia en el marco legal peruano’, dirigido a efectivos policiales y por invitación de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior.

Durante su ponencia, Almanza destacó la importancia estratégica de la inteligencia como insumo esencial para anticipar, orientar y priorizar la acción penal, precisando que su eficacia depende de una adecuada canalización dentro de un marco de trabajo conjunto con el Ministerio Público.

Asimismo, subrayó la relación fundamental y complementaria entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, resaltando que mientras la PNP realiza la investigación preliminar y apoya en las diligencias, el Ministerio Público conduce jurídicamente la investigación con el fin de garantizar la defensa de la legalidad.

En otro momento, explicó aspectos claves del marco legal como la reserva y el secreto de la investigación, establecidos en el artículo 324 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), señalando quiénes pueden acceder a la información y en qué casos el fiscal puede mantener en reserva determinados actos o documentos por un periodo específico.

El fiscal superior también hizo énfasis en la aplicación de técnicas especiales de investigación reguladas por la Ley N.° 30077 – Ley contra el Crimen Organizado, utilizadas en la persecución de delitos complejos y transnacionales. Enfatizó además la necesidad del control judicial para garantizar la legalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, así como la importancia de la cadena de custodia para mantener la validez de la evidencia.

Este espacio académico refuerza la colaboración interinstitucional entre los organismos de inteligencia y el Ministerio Público, contribuyendo a consolidar una administración de justicia eficaz en la lucha contra el crimen organizado y la defensa de la legalidad en el país.