Ministerio Público presenta acusación contra organización criminal que capturó ilegalmente organismos autónomos como la ONPE y el CNM
Nota de prensa
5 de agosto de 2025 - 7:55 p. m.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 3) presentó requerimiento mixto (sobreseimiento en un extremo y acusación, en otro) contra 19 presuntos integrantes de una organización criminal que operó, desde el año 2014, con la finalidad de capturar ilegalmente organismos autónomos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para facilitar la inscripción fraudulenta del partido político Podemos por el Progreso del Perú (hoy Podemos Perú).
La acusación fiscal comprende a 19 personas naturales y 2 personas jurídicas -como la universidad privada Telesup y el referido partido político- por delitos graves como organización criminal, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
En el requerimiento acusatorio, se comprende penas de prisión efectiva para los imputados. Entre ellos, 22 años y ocho meses para José Luna Gálvez por organización criminal y cohecho activo específico; 16 años y cuatro meses para José Luna Morales por los mismos delitos; 16 años y cuatro meses para José Cavassa por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias; y 26 años de prisión para los exconsejeros del CNM Guido Águila y Sergio Noguera por organización criminal, cohecho pasivo específico y enriquecimiento ilícito.
Además, se solicitó 10 años y cuatro meses de prisión, así como las penas accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses para otros exfuncionarios de la ONPE.
Se solicitó también multas entre 200 y 850 días-multa para los imputados, y para las personas jurídicas Universidad Telesup, 500 UIT (S/ 2 775 000), así como para el partido Podemos por el Progreso del Perú, 250 UIT (S/ 1 337 500).
Detalles
Según la acusación fiscal, la conducta delictiva de este caso comprende tres grandes fases.
Fase 1: Injerencia en la elección ilegal del jefe de la ONPE
La organización criminal, presuntamente liderada por José Luna Gálvez, captó a exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a través de beneficios económicos provenientes de la universidad Telesup con el fin de impedir la ratificación de Mariano Cucho y designar como jefe de la ONPE a Adolfo Castillo, quien habría sido afín para los intereses de la red.
Fase 2: Copamiento de la ONPE
Tras el nombramiento de Adolfo Castillo, se designó en cargos estratégicos del organismo electoral a funcionarios vinculados a la organización criminal, como extrabajadores o vinculados a la referida universidad. Este copamiento permitió ejercer control político interno dentro de la ONPE.
Fase 3: Inscripción ilegal del partido político Podemos por el Progreso del Perú
A través de procedimientos irregulares y con celeridad en la verificación de firmas, funcionarios de la ONPE facilitaron la inscripción del partido político fundado por Luna Gálvez, vulnerando los principios de transparencia y legalidad electoral.
Asimismo, se ha solicitado impedimento de salida del país por 18 meses para 10 imputados.
Desde las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) se reafirma el compromiso del Ministerio Público con una persecución penal estratégica y especializada, orientada a desarticular redes de poder que intentan capturar ilegalmente instituciones del Estado. Esta acusación representa un paso firme en defensa de la legalidad y la institucionalidad democrática en el país.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada
La acusación fiscal comprende a 19 personas naturales y 2 personas jurídicas -como la universidad privada Telesup y el referido partido político- por delitos graves como organización criminal, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
En el requerimiento acusatorio, se comprende penas de prisión efectiva para los imputados. Entre ellos, 22 años y ocho meses para José Luna Gálvez por organización criminal y cohecho activo específico; 16 años y cuatro meses para José Luna Morales por los mismos delitos; 16 años y cuatro meses para José Cavassa por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias; y 26 años de prisión para los exconsejeros del CNM Guido Águila y Sergio Noguera por organización criminal, cohecho pasivo específico y enriquecimiento ilícito.
Además, se solicitó 10 años y cuatro meses de prisión, así como las penas accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses para otros exfuncionarios de la ONPE.
Se solicitó también multas entre 200 y 850 días-multa para los imputados, y para las personas jurídicas Universidad Telesup, 500 UIT (S/ 2 775 000), así como para el partido Podemos por el Progreso del Perú, 250 UIT (S/ 1 337 500).
Detalles
Según la acusación fiscal, la conducta delictiva de este caso comprende tres grandes fases.
Fase 1: Injerencia en la elección ilegal del jefe de la ONPE
La organización criminal, presuntamente liderada por José Luna Gálvez, captó a exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a través de beneficios económicos provenientes de la universidad Telesup con el fin de impedir la ratificación de Mariano Cucho y designar como jefe de la ONPE a Adolfo Castillo, quien habría sido afín para los intereses de la red.
Fase 2: Copamiento de la ONPE
Tras el nombramiento de Adolfo Castillo, se designó en cargos estratégicos del organismo electoral a funcionarios vinculados a la organización criminal, como extrabajadores o vinculados a la referida universidad. Este copamiento permitió ejercer control político interno dentro de la ONPE.
Fase 3: Inscripción ilegal del partido político Podemos por el Progreso del Perú
A través de procedimientos irregulares y con celeridad en la verificación de firmas, funcionarios de la ONPE facilitaron la inscripción del partido político fundado por Luna Gálvez, vulnerando los principios de transparencia y legalidad electoral.
Asimismo, se ha solicitado impedimento de salida del país por 18 meses para 10 imputados.
Desde las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) se reafirma el compromiso del Ministerio Público con una persecución penal estratégica y especializada, orientada a desarticular redes de poder que intentan capturar ilegalmente instituciones del Estado. Esta acusación representa un paso firme en defensa de la legalidad y la institucionalidad democrática en el país.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada