Fiscalía del Callao logra condena para tres exfuncionarios de la Municipalidad de La Perla por colusión agravada
Nota de prensaFavorecieron a una empresa para la contratación de un servicio.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
4 de agosto de 2025 - 11:03 a. m.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao (Cuarto Despacho) logró que se condene a siete años de pena efectiva a tres exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de La Perla por favorecer a una empresa.
Se trata de Humberto Mejía, exejecutor coactivo, y Melissa Rivera, exsubgerenta de Logística, autores del delito de colusión agravada; así como Gloria Portilla, exasistente administrativa de Logística, quien actuó como cómplice primaria.
Con ellos también fue sentenciado el empresario Jhonatan Luján-Ripoll, gerente y accionista de la empresa Infocord Perú S. A. C. a seis años y dos meses de pena efectiva por ser cómplice primario del delito de colusión agravada.
Según la investigación, a cargo del fiscal provincial Fernando Perca Contreras, en el año 2018 los entonces funcionarios Mejía y Rivera, con apoyo de Portilla, elaboraron, gestionaron y tramitaron la documentación del expediente para favorecer ilegalmente la contratación de la empresa Infocord Perú S. A. C., pese a que se dedicaba a una actividad económica distinta a la necesidad de la contratación.
El servicio contratado consistía en la elaboración de una central de riesgo para el reporte y registro de deudores morosos por concepto de impuesto predial, arbitrios municipales, multas tributarias y no tributarias.
A través de la investigación fiscal, se pudo determinar que los imputados incluso mantuvieron comunicaciones vía telefónica para formalizar el requerimiento, defraudando al Estado no solamente a través de la simulación de cotizaciones, sino también mediante la inmediata conformidad para proceder con el pago de la orden de servicio por la suma de S/ 18 301.80 sin que la empresa haya cumplido el objeto del servicio en el plazo de seis meses.
La sentencia condenatoria incluye el pago de una reparación civil al Estado por el monto de S/ 60 000, así como 250 días multa y siete años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y contratar con el Estado.
El Ministerio Público reafirma su firme compromiso de perseguir e investigar todo delito de corrupción en el sector público, con el objetivo de lograr condenas efectivas y, con ello, devolver a la ciudadanía la confianza en las instituciones del Estado.
Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios
Se trata de Humberto Mejía, exejecutor coactivo, y Melissa Rivera, exsubgerenta de Logística, autores del delito de colusión agravada; así como Gloria Portilla, exasistente administrativa de Logística, quien actuó como cómplice primaria.
Con ellos también fue sentenciado el empresario Jhonatan Luján-Ripoll, gerente y accionista de la empresa Infocord Perú S. A. C. a seis años y dos meses de pena efectiva por ser cómplice primario del delito de colusión agravada.
Según la investigación, a cargo del fiscal provincial Fernando Perca Contreras, en el año 2018 los entonces funcionarios Mejía y Rivera, con apoyo de Portilla, elaboraron, gestionaron y tramitaron la documentación del expediente para favorecer ilegalmente la contratación de la empresa Infocord Perú S. A. C., pese a que se dedicaba a una actividad económica distinta a la necesidad de la contratación.
El servicio contratado consistía en la elaboración de una central de riesgo para el reporte y registro de deudores morosos por concepto de impuesto predial, arbitrios municipales, multas tributarias y no tributarias.
A través de la investigación fiscal, se pudo determinar que los imputados incluso mantuvieron comunicaciones vía telefónica para formalizar el requerimiento, defraudando al Estado no solamente a través de la simulación de cotizaciones, sino también mediante la inmediata conformidad para proceder con el pago de la orden de servicio por la suma de S/ 18 301.80 sin que la empresa haya cumplido el objeto del servicio en el plazo de seis meses.
La sentencia condenatoria incluye el pago de una reparación civil al Estado por el monto de S/ 60 000, así como 250 días multa y siete años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y contratar con el Estado.
El Ministerio Público reafirma su firme compromiso de perseguir e investigar todo delito de corrupción en el sector público, con el objetivo de lograr condenas efectivas y, con ello, devolver a la ciudadanía la confianza en las instituciones del Estado.
Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios