Fiscales del Ministerio Público fueron reconocidos por su destacada labor en sentencias condenatorias sobre delitos de trata de personas
Nota de prensa
21 de julio de 2025 - 12:52 p. m.
Ocho fiscales del Ministerio Público recibieron un reconocimiento por su destacada labor en la conducción de procesos penales vinculados con delitos que vulneran gravemente la dignidad humana.
La distinción se realizó durante el Tercer Reconocimiento a las buenas prácticas judiciales en materia de trata de personas, explotación y lavado de activos derivados, evento organizado conjuntamente por el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), como parte del proyecto 'Disrupción contra las redes de trata: estrategias contra el lavado de activos'.
El reconocimiento fue otorgado tras la evaluación de un comité académico, encargado de analizar sentencias judiciales emitidas en procesos penales sobre trata de personas, delitos de explotación y lavado de activos, en los cuales los fiscales asumieron un rol trascendental en la acción penal.
Los ocho fiscales distinguidos —entre ellos, cuatro fiscales adjuntos— recibieron un diploma en reconocimiento a su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos fundamentales.
En la ceremonia, la fiscal suprema de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos Rosario Susana López Wong, destacó que este reconocimiento reafirma el compromiso institucional del Ministerio Público con la protección de los derechos humanos, la persecución penal efectiva y la justicia como un servicio esencial al ciudadano.
Asimismo, brindaron palabras de bienvenida el jefe del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Elmer Arce Ortiz; el embajador de Canadá en Perú, Louis Marcotte; y la presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado.
La clausura del evento estuvo a cargo de Rocío Urón Durán, coordinadora regional del proyecto Disrupción, quien resaltó el compromiso de las autoridades reconocidas en la lucha contra delitos que afectan los derechos fundamentales.
El proyecto Disrupción es una intervención implementada por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), financiada por el gobierno de Canadá, siendo que el Ministerio Público es una de las instituciones beneficiarias.
El objetivo del proyecto es aumentar la capacidad del Estado para hacer frente a las amenazas derivadas de los vínculos entre la trata de seres humanos y el lavado de activos, fomentando la cooperación entre los países hispanohablantes.
La distinción se realizó durante el Tercer Reconocimiento a las buenas prácticas judiciales en materia de trata de personas, explotación y lavado de activos derivados, evento organizado conjuntamente por el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), como parte del proyecto 'Disrupción contra las redes de trata: estrategias contra el lavado de activos'.
El reconocimiento fue otorgado tras la evaluación de un comité académico, encargado de analizar sentencias judiciales emitidas en procesos penales sobre trata de personas, delitos de explotación y lavado de activos, en los cuales los fiscales asumieron un rol trascendental en la acción penal.
Los ocho fiscales distinguidos —entre ellos, cuatro fiscales adjuntos— recibieron un diploma en reconocimiento a su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos fundamentales.
En la ceremonia, la fiscal suprema de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos Rosario Susana López Wong, destacó que este reconocimiento reafirma el compromiso institucional del Ministerio Público con la protección de los derechos humanos, la persecución penal efectiva y la justicia como un servicio esencial al ciudadano.
Asimismo, brindaron palabras de bienvenida el jefe del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Elmer Arce Ortiz; el embajador de Canadá en Perú, Louis Marcotte; y la presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado.
La clausura del evento estuvo a cargo de Rocío Urón Durán, coordinadora regional del proyecto Disrupción, quien resaltó el compromiso de las autoridades reconocidas en la lucha contra delitos que afectan los derechos fundamentales.
El proyecto Disrupción es una intervención implementada por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), financiada por el gobierno de Canadá, siendo que el Ministerio Público es una de las instituciones beneficiarias.
El objetivo del proyecto es aumentar la capacidad del Estado para hacer frente a las amenazas derivadas de los vínculos entre la trata de seres humanos y el lavado de activos, fomentando la cooperación entre los países hispanohablantes.