Fiscalía logra condena para exalcalde por colusión en compra de canastas durante la pandemia de Covid-19 en Huarochirí
Nota de prensaFavoreció ilegalmente a una empresa durante el proceso de contratación para la población de Santiago de Anchucaya.

Fotos: Oficina de Imagen Institucional
15 de julio de 2025 - 3:03 p. m.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este (Primer Despacho) logró una sentencia condenatoria para Wilmer Saavedra (57), exalcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Anchucaya, y para el empresario Richard Guerra (57), por el delito de colusión simple en perjuicio del Estado.
Para Saavedra la pena es de dos años y siete meses de prisión efectiva, convertida en 132 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, a cumplirse en orfanatos públicos de la provincia de Huarochirí. Asimismo, se le impuso 154 días-multa (equivalente a S/ 1193.50) y la inhabilitación por cuatro años, tres meses y 15 días para el ejercicio de la función pública.
En tanto, a Guerra, quien actuó como cómplice, se le impuso una pena de dos años y siete meses de prisión, suspendida por el plazo de dos años con reglas de conducta. Asimismo, se le inhabilitó por el mismo periodo para contratar con el Estado, y deberá pagar 154 días-multa (S/ 1193.50).
Además, ambos deberán pagar de forma solidaria la suma de S/ 15,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
Según la investigación, a cargo de la fiscal provincial Rosmery Janet Villavicencio Heredia, los hechos ocurrieron en abril de 2020, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, cuando el entonces alcalde Wilmer Saavedra dirigió ilegalmente el proceso de contratación por S/ 46,000 para la adquisición de canastas básicas familiares para la Municipalidad Distrital de Santiago de Anchucaya.
La investigación fiscal acreditó que Richard Guerra, como nexo de la empresa proveedora, concertó con el entonces alcalde para que favorezca ilegalmente dicha contratación.
Durante el proceso, ambos imputados reconocieron su responsabilidad penal y se acogieron a la conclusión anticipada, ante los graves y fundados elementos que presentó la representante del Ministerio Público, como el Acuerdo de Concejo N.º 05-2020-CMDSA/HRI y diversas comunicaciones que evidencian la concertación entre los implicados.
Con esta sentencia, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción, especialmente en contextos donde se afecta el uso de recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables.
Distrito Fiscal de Lima Este
Para Saavedra la pena es de dos años y siete meses de prisión efectiva, convertida en 132 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, a cumplirse en orfanatos públicos de la provincia de Huarochirí. Asimismo, se le impuso 154 días-multa (equivalente a S/ 1193.50) y la inhabilitación por cuatro años, tres meses y 15 días para el ejercicio de la función pública.
En tanto, a Guerra, quien actuó como cómplice, se le impuso una pena de dos años y siete meses de prisión, suspendida por el plazo de dos años con reglas de conducta. Asimismo, se le inhabilitó por el mismo periodo para contratar con el Estado, y deberá pagar 154 días-multa (S/ 1193.50).
Además, ambos deberán pagar de forma solidaria la suma de S/ 15,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
Según la investigación, a cargo de la fiscal provincial Rosmery Janet Villavicencio Heredia, los hechos ocurrieron en abril de 2020, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, cuando el entonces alcalde Wilmer Saavedra dirigió ilegalmente el proceso de contratación por S/ 46,000 para la adquisición de canastas básicas familiares para la Municipalidad Distrital de Santiago de Anchucaya.
La investigación fiscal acreditó que Richard Guerra, como nexo de la empresa proveedora, concertó con el entonces alcalde para que favorezca ilegalmente dicha contratación.
Durante el proceso, ambos imputados reconocieron su responsabilidad penal y se acogieron a la conclusión anticipada, ante los graves y fundados elementos que presentó la representante del Ministerio Público, como el Acuerdo de Concejo N.º 05-2020-CMDSA/HRI y diversas comunicaciones que evidencian la concertación entre los implicados.
Con esta sentencia, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción, especialmente en contextos donde se afecta el uso de recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables.
Distrito Fiscal de Lima Este