Fiscalía logra prisión preventiva para dos policías por el presunto delito de tortura agravada en perjuicio de un docente en Barranca
Nota de prensaEl docente de 40 años falleció durante una intervención policial.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
14 de mayo de 2025 - 10:59 a. m.
La Fiscalía Superior del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP) logró que se confirme, en segunda instancia, la orden judicial de nueve meses de prisión preventiva para dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) involucrados en la muerte de un docente durante una intervención policial en Barranca.
Se trata de los suboficiales PNP Rogerd J. Salas A. y José C. Alan R., quienes son investigados por el presunto delito de tortura agravada en agravio de Adolfo Suárez V. (40). La orden de prisión preventiva fue dictada en primera instancia en abril pasado.
Según la investigación fiscal, a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Huaura, los agentes policiales intervinieron a Adolfo Suárez cuando se trasladaba a bordo de un mototaxi, por causas aún en investigación.
Sin embargo, durante el traslado en el patrullero, la víctima falleció, por lo que fue trasladada al hospital de Barranca, donde el médico de turno diagnosticó que ya no presentaba signos vitales.
La investigación fiscal se realizó siguiendo las normas internacionales de derechos humanos, que prohíben la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza.
Se trata de los suboficiales PNP Rogerd J. Salas A. y José C. Alan R., quienes son investigados por el presunto delito de tortura agravada en agravio de Adolfo Suárez V. (40). La orden de prisión preventiva fue dictada en primera instancia en abril pasado.
Según la investigación fiscal, a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Huaura, los agentes policiales intervinieron a Adolfo Suárez cuando se trasladaba a bordo de un mototaxi, por causas aún en investigación.
Sin embargo, durante el traslado en el patrullero, la víctima falleció, por lo que fue trasladada al hospital de Barranca, donde el médico de turno diagnosticó que ya no presentaba signos vitales.
La investigación fiscal se realizó siguiendo las normas internacionales de derechos humanos, que prohíben la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza.