Fiscalía inicia investigación por presuntas irregularidades en contrataciones del Fondo Sierra Azul del Ministerio de Agricultura
Nota de prensaPor presunto delito de negociación incompatible.
1 de mayo de 2025 - 10:15 a. m.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Tercer Despacho) inició investigación preliminar para esclarecer las presuntas irregularidades en la contratación de personal en la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, adscrita al Ministerio de Agricultura (Midagri).
La pesquisa se centra en las órdenes de servicio otorgadas a Martín Carbajal y José Yauri, así como a quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de negociación incompatible.
La investigación, a cargo de la fiscal adjunta provincial Djanira Ajalcriña Cáceres, busca determinar la legalidad y transparencia de las contrataciones de ambos implicados, quienes -según información periodística- percibieron montos de aproximadamente S/ 60,000 y S/ 20,000 respectivamente, bajo la modalidad de órdenes de servicio del Fondo Sierra Azul.
Entre las diligencias iniciales que se orientarán a establecer si existieron actos que contravinieron la normativa vigente en favor de los contratados, la representante del Ministerio Público ha requerido al Fondo Sierra Azul del Midagri la remisión de documentación esencial para la investigación, tales como normativas laborales de la entidad correspondientes al periodo 2024-2025.
Asimismo, se han solicitado los requerimientos de las áreas usuarias y los términos de referencia que justificaron la emisión de las órdenes de servicio a nombre de Carbajal y Yauri.
Además, el Ministerio Público ha solicitado al Midagri información detallada sobre la relación laboral de los investigados, como sus cargos, funciones, la documentación que acredite sus vínculos con la entidad y el registro de las órdenes de servicio emitidas a su favor.
Adicionalmente, se ha oficiado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para verificar si los referidos beneficiados con las contrataciones se encuentran afiliados a alguna organización política.
El Ministerio Público reafirma su compromiso con la objetividad y la exhaustiva investigación de toda denuncia de presunta corrupción, garantizando el cumplimiento de la ley y la correcta administración de los recursos públicos.
La pesquisa se centra en las órdenes de servicio otorgadas a Martín Carbajal y José Yauri, así como a quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de negociación incompatible.
La investigación, a cargo de la fiscal adjunta provincial Djanira Ajalcriña Cáceres, busca determinar la legalidad y transparencia de las contrataciones de ambos implicados, quienes -según información periodística- percibieron montos de aproximadamente S/ 60,000 y S/ 20,000 respectivamente, bajo la modalidad de órdenes de servicio del Fondo Sierra Azul.
Entre las diligencias iniciales que se orientarán a establecer si existieron actos que contravinieron la normativa vigente en favor de los contratados, la representante del Ministerio Público ha requerido al Fondo Sierra Azul del Midagri la remisión de documentación esencial para la investigación, tales como normativas laborales de la entidad correspondientes al periodo 2024-2025.
Asimismo, se han solicitado los requerimientos de las áreas usuarias y los términos de referencia que justificaron la emisión de las órdenes de servicio a nombre de Carbajal y Yauri.
Además, el Ministerio Público ha solicitado al Midagri información detallada sobre la relación laboral de los investigados, como sus cargos, funciones, la documentación que acredite sus vínculos con la entidad y el registro de las órdenes de servicio emitidas a su favor.
Adicionalmente, se ha oficiado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para verificar si los referidos beneficiados con las contrataciones se encuentran afiliados a alguna organización política.
El Ministerio Público reafirma su compromiso con la objetividad y la exhaustiva investigación de toda denuncia de presunta corrupción, garantizando el cumplimiento de la ley y la correcta administración de los recursos públicos.