Fiscalía de Extinción de Dominio de Ayacucho recuperó cerca de cuatro millones de soles a favor del Estado

Nota de prensa
Además, lidera el ranking nacional con un total de 255 sentencias fundadas.
Fiscalía de Extinción de Dominio de Ayacucho recuperó casi cuatro millones de soles a favor del Estado.

Fotos: Oficina de Imagen Institucional

10 de marzo de 2025 - 4:57 p. m.

Un total de 255 sentencias fueron declaradas fundadas entre 2019 y 2024 tras el pedido de la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Ayacucho, posicionándose así en el primer lugar en todo el país como la dependencia del Ministerio Público de dicha especialidad en obtener la mayor cantidad de sentencias.

Dicha fiscalía, con competencia en las jurisdicciones de Ayacucho y Huancavelica, recuperó en el mismo periodo (2019-2024) un total de S/ 3 943 135.60 en bienes y dinero en efectivo, monto que está vinculado a actividades ilícitas y que fue traslado a propiedad del Estado.

Con estos resultados obtenidos, el personal fiscal y administrativo, liderados por la fiscal provincial Aracelly Gutiérrez Marallano, reafirmó su compromiso de indagar todo bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de las actividades ilícitas que establece la ley, para declarar su titularidad en favor del Estado.

Sin embargo, advirtió que el trabajo de las fiscalías especializadas de Extinción de Dominio en todo el país podría verse afectado si es que en el Congreso de la República se aprueba, en segunda votación, el Proyecto de Ley 3577-2022-CR, que busca modificar el D. L. 1373, Ley de Extinción de Dominio.

Dicho proyecto propone que, para iniciar un proceso de extinción de dominio en casos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado y delitos ambientales, es necesario contar con una sentencia firme y consentida, lo que afecta la autonomía e independencia del proceso de extinción y pérdida de dominio.

Además, el proyecto fija un plazo de prescripción de cinco años, y ya no se podrá investigar los bienes ilícitos tras el fallecimiento del investigado, mucho menos las ganancias obtenidas de manera ilícita, en caso prescriba el delito. Con ello, el delincuente y/o los testaferros se quedarían con los bienes ilícitos, propiciando la impunidad de los actos de corrupción, así como, la afectación del desarrollo económico y la inversión en el Perú.