Fiscal de la Nación Delia Espinoza defendió la autonomía institucional del Ministerio Público
Nota de prensaEnfatizó que diversas leyes aprobadas en el Congreso de la República comprometen gravemente la independencia de la labor fiscal, durante la ceremonia por el inicio del Año Fiscal 2025.
6 de enero de 2025 - 2:12 p. m.
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La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, lideró la ceremonia por el Inicio del Año Fiscal 2025, evento que congregó a fiscales supremos, presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales de los diferentes distritos fiscales del país, así como a los coordinadores nacionales.
Durante su discurso inaugural, destacó que uno de los pilares de su gestión es la defensa de la autonomía institucional del Ministerio Público y precisó, en ese sentido, acciones concretas para enfrentar las normas contrarias al marco constitucional.
En esa línea, recordó que el pasado 20 de diciembre de 2024, se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en defensa de los principios que rigen la función fiscal y que resultan esenciales para garantizar una justicia independiente y eficaz.
Se trata de la Ley N° 32107, norma que introduce disposiciones que debilitan el marco normativo en la persecución de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, contraviniendo instrumentos internacionales y la Constitución; y la Ley N° 32130, norma que plantea modificaciones que afectan la autonomía funcional del Ministerio Público, al intentar limitar su rol como conductor exclusivo en la investigación penal, tal como lo establece el artículo 159 de la Constitución.
Asimismo, se identificaron otras normas que atentan contra la función del Ministerio Público, como: la Ley N° 31751, que recorta los plazos de prescripción de delitos, favoreciendo la impunidad; la Ley N° 31990, que limita los plazos para la corroboración de información brindada por colaboradores eficaces; y la Ley N° 32108, que introduce requisitos adicionales que dificultan la persecución de organizaciones criminales.
Además, la Ley N° 32181, que restringe la capacidad de solicitar medidas restrictivas en casos de uso desproporcionado de armas por parte de efectivos policiales; y la Ley N° 32182, que penaliza la actuación de fiscales y jueces, menoscabando su autonomía en la aplicación de criterios jurídicos.
La Fiscal de la Nación manifestó que todas estas leyes vienen siendo revisadas para presentar propuestas legislativas que reviertan su impacto negativo en el sistema de justicia. Además, expresó su preocupación por la demora en la promulgación de normas necesarias, como la derogación de la Ley N° 32181, que permitiría restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia delictiva.
Optimización de servicios en Fiscalías Penales y de Familia
Con el fin de brindar un servicio fiscal más eficiente y de calidad a la sociedad, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, adelantó que se viene avanzando en la elaboración del Reglamento de las Fiscalías Penales, cuyo objetivo principal es establecer lineamientos claros para el desempeño de los despachos fiscales.
Asimismo, destacó que se viene trabajando en la creación del Reglamento de la Coordinación Nacional de las Fiscalías de Familia, a cargo de un fiscal superior, lo que permitirá unificar y orientar las intervenciones de estas fiscalías especializadas para garantizar una actuación coordinada y eficiente en un sector de alta sensibilidad social. Así como también, fortalecer la protección del interés superior del niño y del adolescente, promoviendo acciones preventivas y asegurando intervenciones adecuadas en situaciones de riesgo.
Fiscales provisionales
Además, mencionó que los fiscales provisionales permanecerán en sus cargos, en atención a la necesidad de servicio que demanda la sociedad, mientras no se emitan disposiciones en contrario.
Con la llegada de fiscales titulares designados por la Junta Nacional de Justicia, se ha dispuesto la reubicación de los provisionales en distintos despachos según las necesidades del servicio. Este proceso, explicó, requiere un compromiso compartido entre la Fiscalía de la Nación y los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores, quienes deben supervisar constantemente el desempeño de los fiscales, asegurando su idoneidad, ética y compromiso en sus labores.
Además, enfatizó la necesidad de detectar y reportar cualquier inconducta, negligencia o desidia en el ejercicio funcional, con el objetivo de preservar la confianza ciudadana y fortalecer la imagen institucional del Ministerio Público.
Hacia un año fiscal de retos y logros
Finalmente, la Fiscal de la Nación destacó que el 2025 será un año clave para consolidar la jerarquía institucional y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades fiscales, incluyendo la necesidad de contar con más fiscales permanentes y especializados. “Nuestro objetivo es dotar al Ministerio Público de las herramientas necesarias para cumplir con nuestra misión de servir a la justicia y a la ciudadanía con los más altos estándares”, concluyó.
Fiscalía de la Nación
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, lideró la ceremonia por el Inicio del Año Fiscal 2025, evento que congregó a fiscales supremos, presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales de los diferentes distritos fiscales del país, así como a los coordinadores nacionales.
Durante su discurso inaugural, destacó que uno de los pilares de su gestión es la defensa de la autonomía institucional del Ministerio Público y precisó, en ese sentido, acciones concretas para enfrentar las normas contrarias al marco constitucional.
En esa línea, recordó que el pasado 20 de diciembre de 2024, se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en defensa de los principios que rigen la función fiscal y que resultan esenciales para garantizar una justicia independiente y eficaz.
Se trata de la Ley N° 32107, norma que introduce disposiciones que debilitan el marco normativo en la persecución de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, contraviniendo instrumentos internacionales y la Constitución; y la Ley N° 32130, norma que plantea modificaciones que afectan la autonomía funcional del Ministerio Público, al intentar limitar su rol como conductor exclusivo en la investigación penal, tal como lo establece el artículo 159 de la Constitución.
Asimismo, se identificaron otras normas que atentan contra la función del Ministerio Público, como: la Ley N° 31751, que recorta los plazos de prescripción de delitos, favoreciendo la impunidad; la Ley N° 31990, que limita los plazos para la corroboración de información brindada por colaboradores eficaces; y la Ley N° 32108, que introduce requisitos adicionales que dificultan la persecución de organizaciones criminales.
Además, la Ley N° 32181, que restringe la capacidad de solicitar medidas restrictivas en casos de uso desproporcionado de armas por parte de efectivos policiales; y la Ley N° 32182, que penaliza la actuación de fiscales y jueces, menoscabando su autonomía en la aplicación de criterios jurídicos.
La Fiscal de la Nación manifestó que todas estas leyes vienen siendo revisadas para presentar propuestas legislativas que reviertan su impacto negativo en el sistema de justicia. Además, expresó su preocupación por la demora en la promulgación de normas necesarias, como la derogación de la Ley N° 32181, que permitiría restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia delictiva.
Optimización de servicios en Fiscalías Penales y de Familia
Con el fin de brindar un servicio fiscal más eficiente y de calidad a la sociedad, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, adelantó que se viene avanzando en la elaboración del Reglamento de las Fiscalías Penales, cuyo objetivo principal es establecer lineamientos claros para el desempeño de los despachos fiscales.
Asimismo, destacó que se viene trabajando en la creación del Reglamento de la Coordinación Nacional de las Fiscalías de Familia, a cargo de un fiscal superior, lo que permitirá unificar y orientar las intervenciones de estas fiscalías especializadas para garantizar una actuación coordinada y eficiente en un sector de alta sensibilidad social. Así como también, fortalecer la protección del interés superior del niño y del adolescente, promoviendo acciones preventivas y asegurando intervenciones adecuadas en situaciones de riesgo.
Fiscales provisionales
Además, mencionó que los fiscales provisionales permanecerán en sus cargos, en atención a la necesidad de servicio que demanda la sociedad, mientras no se emitan disposiciones en contrario.
Con la llegada de fiscales titulares designados por la Junta Nacional de Justicia, se ha dispuesto la reubicación de los provisionales en distintos despachos según las necesidades del servicio. Este proceso, explicó, requiere un compromiso compartido entre la Fiscalía de la Nación y los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores, quienes deben supervisar constantemente el desempeño de los fiscales, asegurando su idoneidad, ética y compromiso en sus labores.
Además, enfatizó la necesidad de detectar y reportar cualquier inconducta, negligencia o desidia en el ejercicio funcional, con el objetivo de preservar la confianza ciudadana y fortalecer la imagen institucional del Ministerio Público.
Hacia un año fiscal de retos y logros
Finalmente, la Fiscal de la Nación destacó que el 2025 será un año clave para consolidar la jerarquía institucional y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades fiscales, incluyendo la necesidad de contar con más fiscales permanentes y especializados. “Nuestro objetivo es dotar al Ministerio Público de las herramientas necesarias para cumplir con nuestra misión de servir a la justicia y a la ciudadanía con los más altos estándares”, concluyó.
Fiscalía de la Nación