Fiscalía contra Criminalidad Organizada logra condenas contra 11 integrantes de la organización criminal ‘Los Malditos de Bayóvar’
Nota de prensaSu cabecilla, Harry Cano Dávila, recibió 35 años de pena privativa de libertad; mientras que los demás integrantes recibieron penas de cuatro a 16 años.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
19 de diciembre de 2024 - 8:55 p. m.
En adelanto de fallo, la Tercera Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada – Equipo 4 logró que se condene a 11 integrantes de la organización criminal ‘Los Malditos de Bayóvar. Entre los sentenciados se encuentra Harry Cano Dávila, alias ‘Loco Harry’, quien fue condenado a 35 años de pena privativa de libertad efectiva por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho activo, tentativa de extorsión y extorsión.
También fueron sentenciados Jonathan Pool Gonzales Seminario, Agustín Rodríguez Carhuancho y Teófilo Gutiérrez Vega; quienes recibieron condenas de 16, 14 y 11 años de pena privativa de libertad, respectivamente. A ellos se les atribuye los delitos de asociación ilícita para delinquir, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, cohecho pasivo propio, tentativa de usurpación y tentativa de extorsión.
Asimismo, se condenó a ocho años de cárcel a Pedro León Rayo Céspedes, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho activo genérico; así como a Elías Jesús Dianderas Chumbe –por los delitos de asociación ilícita para delinquir, tentativa de usurpación– y Gilberto Guillermo Sullca Sanchez, por cohecho pasivo propio. Estos últimos recibieron una sentencia de seis años de pena privativa de libertad.
Finalmente, se condenó a cuatro años de cárcel a Harlichs Alonso Huamani Zevallos, Luis Enrique Carrillo Guerra, Casey Eduardo Esteban Huatuco y José López López; como coautores del delito de asociación ilícita para delinquir.
Según la acusación fiscal, esta organización criminal que operó –desde diciembre de 2014 hasta mayo de 2016 (fecha de la detención de sus miembros), en el distrito de San Juan de Lurigancho– habría perpetrado extorsiones y usurpaciones bajo el liderazgo de Cano Dávila, quien junto a los demás integrantes de esta red delictiva amenazaba de muerte y de posibles atentados a personas dedicadas a las construcción civil, empresarios y comerciantes para exigirles el pago de cupos cambio de brindarles “seguridad”. Asimismo, atacaban con granadas y armas de fuego a las personas que se negaban a efectuar dichos pagos.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada
También fueron sentenciados Jonathan Pool Gonzales Seminario, Agustín Rodríguez Carhuancho y Teófilo Gutiérrez Vega; quienes recibieron condenas de 16, 14 y 11 años de pena privativa de libertad, respectivamente. A ellos se les atribuye los delitos de asociación ilícita para delinquir, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, cohecho pasivo propio, tentativa de usurpación y tentativa de extorsión.
Asimismo, se condenó a ocho años de cárcel a Pedro León Rayo Céspedes, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho activo genérico; así como a Elías Jesús Dianderas Chumbe –por los delitos de asociación ilícita para delinquir, tentativa de usurpación– y Gilberto Guillermo Sullca Sanchez, por cohecho pasivo propio. Estos últimos recibieron una sentencia de seis años de pena privativa de libertad.
Finalmente, se condenó a cuatro años de cárcel a Harlichs Alonso Huamani Zevallos, Luis Enrique Carrillo Guerra, Casey Eduardo Esteban Huatuco y José López López; como coautores del delito de asociación ilícita para delinquir.
Según la acusación fiscal, esta organización criminal que operó –desde diciembre de 2014 hasta mayo de 2016 (fecha de la detención de sus miembros), en el distrito de San Juan de Lurigancho– habría perpetrado extorsiones y usurpaciones bajo el liderazgo de Cano Dávila, quien junto a los demás integrantes de esta red delictiva amenazaba de muerte y de posibles atentados a personas dedicadas a las construcción civil, empresarios y comerciantes para exigirles el pago de cupos cambio de brindarles “seguridad”. Asimismo, atacaban con granadas y armas de fuego a las personas que se negaban a efectuar dichos pagos.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada