Caso Chuschi: Fiscalía logra condena contra exgeneral y exoficial del Ejército implicados en la desaparición de cuatro ciudadanos
Nota de prensaSimulando un atentado terrorista irrumpieron en las casas de las víctimas con el fin de detenerlas. A la fecha, estas personas continúan desaparecidas.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
7 de noviembre de 2024 - 8:18 p. m.
La Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad logró que se condene a dos miembros del Ejército del Perú, el exgeneral Hugo Martínez A., ex jefe político militar del Frente Huamanga en 1991, y al exoficial Marco A. Aguilar B., auxiliar de Inteligencia S-2 del Batallón Contrasubversivo de Pampa Cangallo.
Ambos recibieron condenas de 17 y 16 años de pena privativa de la libertad, respectivamente, como autores del delito de desaparición forzada, en agravio del alcalde de Chuschi, Manuel Pacotaype Chaupín; el secretario del Consejo de Chuschi, Martín Cayllahua Galindo; el Teniente Gobernador de Chuschi, Marcelo Cabana Tucno; y el adolescente Isaías H. V.
Según la acusación fiscal, el 14 marzo de 1991, una patrulla militar conformada por 25 soldados al mando del teniente EP Collins Collantes Guerra ingresaron a la Comunidad de Chuschi, en Ayacucho, y, tras coordinar con el comisario del lugar y simular un atentado terrorista, irrumpieron en los domicilios de las tres autoridades locales antes señaladas y del menor de edad, para proceder a detenerlos y sacarlos a la fuerza de sus viviendas.
Al día siguiente, luego de reclamar ante la sede policial de Chuschi, las familias tomaron conocimiento que los detenidos estaban siendo conducidos a la Base de Pampa Cangallo, logrando verificar que los detenidos eran ingresados a dicho recinto militar por la puerta trasera. Tras este hecho, no se supo más del paradero de las cuatro víctimas, quienes actualmente continúan desaparecidos.
Como parte de la sentencia condenatoria se fijó el pago de una reparación civil de S/ 55 000 a favor de los herederos de cada una de las víctimas (haciendo un total de S/ 220 000). Asimismo, y en atención a la gravedad de los hechos y a la obligación estatal de establecer el último paradero de las víctimas y reparar el daño causado, se dispuso que se adopten las medidas apropiadas para la búsqueda, exhumación, identificación y restitución digna de los restos de estos cuatro ciudadanos de Chuschi.
Cabe indicar que esta condena es la tercera que se da en torno a estos hechos ocurridos en Chuschi, con lo cual se cumple con las obligaciones asumidas por el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la atención de casos que vulneran los derechos humanos.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad
Ambos recibieron condenas de 17 y 16 años de pena privativa de la libertad, respectivamente, como autores del delito de desaparición forzada, en agravio del alcalde de Chuschi, Manuel Pacotaype Chaupín; el secretario del Consejo de Chuschi, Martín Cayllahua Galindo; el Teniente Gobernador de Chuschi, Marcelo Cabana Tucno; y el adolescente Isaías H. V.
Según la acusación fiscal, el 14 marzo de 1991, una patrulla militar conformada por 25 soldados al mando del teniente EP Collins Collantes Guerra ingresaron a la Comunidad de Chuschi, en Ayacucho, y, tras coordinar con el comisario del lugar y simular un atentado terrorista, irrumpieron en los domicilios de las tres autoridades locales antes señaladas y del menor de edad, para proceder a detenerlos y sacarlos a la fuerza de sus viviendas.
Al día siguiente, luego de reclamar ante la sede policial de Chuschi, las familias tomaron conocimiento que los detenidos estaban siendo conducidos a la Base de Pampa Cangallo, logrando verificar que los detenidos eran ingresados a dicho recinto militar por la puerta trasera. Tras este hecho, no se supo más del paradero de las cuatro víctimas, quienes actualmente continúan desaparecidos.
Como parte de la sentencia condenatoria se fijó el pago de una reparación civil de S/ 55 000 a favor de los herederos de cada una de las víctimas (haciendo un total de S/ 220 000). Asimismo, y en atención a la gravedad de los hechos y a la obligación estatal de establecer el último paradero de las víctimas y reparar el daño causado, se dispuso que se adopten las medidas apropiadas para la búsqueda, exhumación, identificación y restitución digna de los restos de estos cuatro ciudadanos de Chuschi.
Cabe indicar que esta condena es la tercera que se da en torno a estos hechos ocurridos en Chuschi, con lo cual se cumple con las obligaciones asumidas por el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la atención de casos que vulneran los derechos humanos.
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad