Fiscalía logra condena a exmarino en el caso emblemático ´Huanta 1984´
Nota de prensaPor asesinatos y desapariciones forzadas de más de sesenta personas.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
2 de octubre de 2024 - 9:49 a. m.
La Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad logró que se condene a los acusados Alberto Rivero Valdeavellano y Augusto Gabilindo García del Barco, como autores mediatos del delito de asesinato en agravio de los pobladores de Callqui y otros; y como autores directos del delito de desaparición forzada en agravio de Jaime Boris Ayala Sulca y otros, delitos considerados de lesa humanidad.
Este caso denominado emblemático estuvo a cargo del fiscal Juan Carlos Mezzich Alarcón, en su calidad de fiscal adjunto superior penal titular de Lima (Competencia Nacional), quien sustentó la requisitoria correspondiente, lográndose la sentencia contra Alberto Rivero Valdeavellano a 18 años de pena privativa de la libertad y al pago por concepto de reparación civil de S/ 100 000 a favor de cada uno de los agraviados, así como una reparación integral.
Con respecto al acusado Augusto Gabilindo García del Barco, la Cuarta Sala Penal Nacional Transitoria, se reservó el proceso, al tener la condición de reo contumaz.
Entre las víctimas figura el periodista Jaime Ayala Sulca, quien permanece en situación de desaparecido desde que ingresó al estadio de Huanta, en agosto de 1984, a preguntar por la situación de personas detenidas, no volviendo a conocerse noticias de él. Ayala, venía denunciando hechos violatorios a los derechos humanos por parte de los miembros de la Marina de Guerra que tenían el control político-militar de Huanta y La Mar.
También atendiendo la posición del Ministerio Público, la sentencia precisa que no podía acogerse el pedido formulado por la defensa de los acusados sobre la aplicación de la ley que dispone la prescripción de los delitos, ya que ello es contrario a nuestra normativa interna y a las obligaciones internacionales que tenemos como Estado, que ha suscrito diversos tratados internacionales de derechos humanos.
La precitada condena ha concluido con más de dos años de juicio oral y se ha dado luego de transcurrir más de 40 años de acontecidos los hechos, lo cual ha significado para el Despacho, garante de la legalidad, la realización de un trabajo sostenido y en cumplimiento de la obligación de justicia, verdad y reparaciones integrales para quienes vieron vulnerados sus derechos más básicos.
Coordinación Nacional de Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad
Este caso denominado emblemático estuvo a cargo del fiscal Juan Carlos Mezzich Alarcón, en su calidad de fiscal adjunto superior penal titular de Lima (Competencia Nacional), quien sustentó la requisitoria correspondiente, lográndose la sentencia contra Alberto Rivero Valdeavellano a 18 años de pena privativa de la libertad y al pago por concepto de reparación civil de S/ 100 000 a favor de cada uno de los agraviados, así como una reparación integral.
Con respecto al acusado Augusto Gabilindo García del Barco, la Cuarta Sala Penal Nacional Transitoria, se reservó el proceso, al tener la condición de reo contumaz.
Entre las víctimas figura el periodista Jaime Ayala Sulca, quien permanece en situación de desaparecido desde que ingresó al estadio de Huanta, en agosto de 1984, a preguntar por la situación de personas detenidas, no volviendo a conocerse noticias de él. Ayala, venía denunciando hechos violatorios a los derechos humanos por parte de los miembros de la Marina de Guerra que tenían el control político-militar de Huanta y La Mar.
También atendiendo la posición del Ministerio Público, la sentencia precisa que no podía acogerse el pedido formulado por la defensa de los acusados sobre la aplicación de la ley que dispone la prescripción de los delitos, ya que ello es contrario a nuestra normativa interna y a las obligaciones internacionales que tenemos como Estado, que ha suscrito diversos tratados internacionales de derechos humanos.
La precitada condena ha concluido con más de dos años de juicio oral y se ha dado luego de transcurrir más de 40 años de acontecidos los hechos, lo cual ha significado para el Despacho, garante de la legalidad, la realización de un trabajo sostenido y en cumplimiento de la obligación de justicia, verdad y reparaciones integrales para quienes vieron vulnerados sus derechos más básicos.
Coordinación Nacional de Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad