Juan Carlos Villena Campana pide una respuesta conjunta contra la delincuencia y criminalidad organizada
Nota de prensaFue en su presentación como Fiscal de la Nación (i) en mesa de trabajo ´Seguridad ciudadana: tarea que nos une´, organizada por la presidencia del Congreso.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
17 de setiembre de 2024 - 1:47 p. m.
El Fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, formuló un llamado a todas las instituciones comprometidas a unir esfuerzos para dar una respuesta conjunta contra la delincuencia y criminalidad organizada.
Durante su presentación en el Congreso en la mesa de trabajo denominada ´Seguridad ciudadana: tarea que nos une´, sostuvo que los recientes cambios en la legislación flexibilizan y debilitan la acción de fiscales y jueces en la lucha contra la criminalidad.
Consideró que el Congreso debe corregir el Decreto Legislativo 1585, expedido por el Ejecutivo, en noviembre del año pasado, que limitan a los fiscales, por ejemplo, pedir prisión preventiva, y, al Poder Judicial, imponer penas efectivas porque ahora la gran mayoría son penas suspendidas.
Quiere decir, por ejemplo, que si el fiscal consideraba que la prognosis de pena de un delito que investigaba podría ser de cuatro años de pena a más, solicitaba prisión preventiva; ahora, con los cambios que establece el Decreto en mención, se exige que sea para penas superiores a cinco años.
Planteó que también sean corregidos los alcances del Acuerdo Plenario del Poder Judicial 1-2023, que reduce las penas en casos de tentativa a la mitad de las mismas, como robo, secuestro y feminicidio, lo que también complica la labor fiscal, refirió el titular del Ministerio Público.
Durante su presentación en el Congreso en la mesa de trabajo denominada ´Seguridad ciudadana: tarea que nos une´, sostuvo que los recientes cambios en la legislación flexibilizan y debilitan la acción de fiscales y jueces en la lucha contra la criminalidad.
Consideró que el Congreso debe corregir el Decreto Legislativo 1585, expedido por el Ejecutivo, en noviembre del año pasado, que limitan a los fiscales, por ejemplo, pedir prisión preventiva, y, al Poder Judicial, imponer penas efectivas porque ahora la gran mayoría son penas suspendidas.
Quiere decir, por ejemplo, que si el fiscal consideraba que la prognosis de pena de un delito que investigaba podría ser de cuatro años de pena a más, solicitaba prisión preventiva; ahora, con los cambios que establece el Decreto en mención, se exige que sea para penas superiores a cinco años.
Planteó que también sean corregidos los alcances del Acuerdo Plenario del Poder Judicial 1-2023, que reduce las penas en casos de tentativa a la mitad de las mismas, como robo, secuestro y feminicidio, lo que también complica la labor fiscal, refirió el titular del Ministerio Público.