Fiscalía Anticorrupción de La Convención logra sentencia condenatoria contra exfuncionario de la Municipalidad de Maranura
Nota de prensa
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
29 de agosto de 2024 - 7:56 a. m.
A cuatro años de pena privativa de libertad efectiva fue sentenciado Max Alberto P. U. (47), quien laboró en calidad de jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos para la Municipalidad Distrital de Maranura durante el año 2018, por el delito de peculado doloso por apropiación.
El fiscal Carlos Figueroa Paucarpura, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, Cusco, sustentó su acusación contra el exfuncionario por haber promovido la realización de un curso de capacitación, en abril de 2018, que, finalmente, nunca se desarrolló.
No obstante, el ahora sentenciado realizó la rendición de la habilitación que se le entregó por la cantidad de S/ 1000, adjuntando una boleta de gastos supuestamente destinados al curso de capacitación, así como la lista de trabajadores presuntamente capacitados, hecho que fue denunciado por los mismos trabajadores indicando que nunca se realizó tal curso.
Por estos hechos, el órgano jurisdiccional, ordenó además de la pena privativa de libertad efectiva, el pago de una caución económica de S/ 3000, así como 242 días multa equivalente a la suma de S/ 8 470 y el pago de la reparación civil por la suma de S/ 4750, además de cuatro años de inhabilitación para ejercer u obtener cargo público o función pública.
El fiscal Carlos Figueroa Paucarpura, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, Cusco, sustentó su acusación contra el exfuncionario por haber promovido la realización de un curso de capacitación, en abril de 2018, que, finalmente, nunca se desarrolló.
No obstante, el ahora sentenciado realizó la rendición de la habilitación que se le entregó por la cantidad de S/ 1000, adjuntando una boleta de gastos supuestamente destinados al curso de capacitación, así como la lista de trabajadores presuntamente capacitados, hecho que fue denunciado por los mismos trabajadores indicando que nunca se realizó tal curso.
Por estos hechos, el órgano jurisdiccional, ordenó además de la pena privativa de libertad efectiva, el pago de una caución económica de S/ 3000, así como 242 días multa equivalente a la suma de S/ 8 470 y el pago de la reparación civil por la suma de S/ 4750, además de cuatro años de inhabilitación para ejercer u obtener cargo público o función pública.