Fiscalía Superior Anticorrupción logra que se confirme sentencia contra exfuncionarios implicados en compra de aviones MIG-29 y Sukhoi-25
Nota de prensaCumplirán cuatro años de prisión efectiva y pagarán S/ 6 millones de reparación civil, por el delito de colusión desleal.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
23 de agosto de 2024 - 8:00 a. m.
La Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro consiguió que se confirme —en segunda instancia— la condena de cuatro años de pena privativa de libertad efectiva, por el delito de colusión desleal, en contra de los exfuncionarios Reynaldo Bringas Delgado, del Ministerio de Economía y Finanzas, y José Luis de Priego Palomino, del Banco de la Nación, entre otros involucrados en la ilícita adquisición de 18 aviones MIG-29, 18 aviones Sukhoi; así como municiones, repuestos y servicios para la Fuerza Aérea del Perú, entre los años 1996 y 1998.
La resolución judicial obtenida tras la sustentación del fiscal superior Juan Manuel Fernández Castillo comprende también —bajo la misma acusación— al ex director general del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcelino Cárdenas Torres.
Para todos ellos se confirmó la sentencia de primera instancia que, además de la pena efectiva, les impuso también 20 meses de inhabilitación para ejercer cargo público y el pago de una reparación civil de S/ 6 000 000 en forma solidaria, conjuntamente con la empresa W-21 Intertechnique, como tercero civilmente responsable.
Según la acusación fiscal, los condenados —quienes estaban a cargo de la contratación para adquirir aviones de guerra MIG 29 a la República de Bielorrusia y a la Federación de Rusia, así como otros artículos y servicios a empresas extranjeras— aprovecharon el contexto postconflicto del Alto Cenepa, ocurrido entre los meses de enero y febrero de 1995, para realizar una ilícita concertación, con el fin de beneficiarse económicamente al pagar USD 452 000 000 por los aviones de combate cuyo valor real era de USD 158 000 000, por tratarse de aeronaves de segundo uso y de un país que no otorgó garantía alguna al no ser fabricante de las mismas.
Cabe precisar que el fiscal superior Fernández Castillo obtuvo —vía cooperación judicial Internacional— información proveniente de entidades bancarias de la República de Panamá, con la cual se pudo determinar el circuito del dinero desde su salida del Banco de la Nación en Perú hasta el ingreso a la empresa offshore Treves Intora con cuentas bancarias en el referido país.
El cierre de este caso, producido en uno de los momentos más difíciles por el conflicto armado que atravesó nuestro país, representa un logro del Ministerio Público mediante la Cuarta Fiscalía Superior Anticorrupción, que tuvo participación directa en el juicio oral, en estricto cumplimiento a su labor en la lucha contra la corrupción.
La resolución judicial obtenida tras la sustentación del fiscal superior Juan Manuel Fernández Castillo comprende también —bajo la misma acusación— al ex director general del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcelino Cárdenas Torres.
Para todos ellos se confirmó la sentencia de primera instancia que, además de la pena efectiva, les impuso también 20 meses de inhabilitación para ejercer cargo público y el pago de una reparación civil de S/ 6 000 000 en forma solidaria, conjuntamente con la empresa W-21 Intertechnique, como tercero civilmente responsable.
Según la acusación fiscal, los condenados —quienes estaban a cargo de la contratación para adquirir aviones de guerra MIG 29 a la República de Bielorrusia y a la Federación de Rusia, así como otros artículos y servicios a empresas extranjeras— aprovecharon el contexto postconflicto del Alto Cenepa, ocurrido entre los meses de enero y febrero de 1995, para realizar una ilícita concertación, con el fin de beneficiarse económicamente al pagar USD 452 000 000 por los aviones de combate cuyo valor real era de USD 158 000 000, por tratarse de aeronaves de segundo uso y de un país que no otorgó garantía alguna al no ser fabricante de las mismas.
Cabe precisar que el fiscal superior Fernández Castillo obtuvo —vía cooperación judicial Internacional— información proveniente de entidades bancarias de la República de Panamá, con la cual se pudo determinar el circuito del dinero desde su salida del Banco de la Nación en Perú hasta el ingreso a la empresa offshore Treves Intora con cuentas bancarias en el referido país.
El cierre de este caso, producido en uno de los momentos más difíciles por el conflicto armado que atravesó nuestro país, representa un logro del Ministerio Público mediante la Cuarta Fiscalía Superior Anticorrupción, que tuvo participación directa en el juicio oral, en estricto cumplimiento a su labor en la lucha contra la corrupción.