Ministerio Público logra admisión de demanda y confirmatoria de medida cautelar de incautación de bien mueble valuado en más de S/ 823 000

Nota de prensa
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Fotos: Oficina de Imagen Institucional

16 de agosto de 2024 - 3:38 p. m.

La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Huánuco logró la admisión de la demanda en extinción de dominio y la confirmación de medida cautelar de incautación de un vehículo valorizado en S/ 823 218 de propiedad de la empresa Multiservicios y Constructora JJJ Cruz E.I.R.L., que tiene como representante legal a Sara Gutiérrez Condor.

Es pertinente resaltar que, el 18 de octubre de 2023, personal de la División de Control Operativo – Grupo Operativo de la Intendencia de Aduanas Pucallpa (Sunat), intervino un vehículo mayor que era conducido por Lenin León C., quien se encontraba transportando una motoniveladora, en inmediaciones de la Carretera Central con dirección de Huánuco a Lima, distrito de San Rafael, provincia de Ambo y departamento de Huánuco, el cual no contaba con la documentación necesaria de circulación en un zona de tributación común; por lo que, estaría vinculado a la actividad ilícita de contrabando.

La obtención de la medida cautelar se dio tras acreditar la existencia de los presupuestos de verosimilitud de los hechos, el peligro en la demora, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida, respecto del bien que habría sido utilizado en la comisión del delito de contrabando; por lo que, se inscribió dicha medida para cautelar la preservación del bien en favor del proceso extintivo.

Es necesario precisar que, luego de admitida la demanda, se prosiguió con las audiencias de inicio y actuación probatoria, habiéndose culminado con los alegatos de clausura el 26 de junio de 2024, a la espera que el juez de Extinción de Dominio de Huánuco, emita la sentencia correspondiente.

Las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio seguirán actuando en cumplimiento de la Constitución, los convenios internacionales y las leyes; al servicio de la ciudadanía y ejerciendo su labor ajustada a derecho contra los bienes y activos de origen o destino ilícito, contribuyendo así a desarticular las estructuras que financian organizaciones criminales y contribuir a la seguridad y el orden en nuestra sociedad.