Fiscalía Anticorrupción consigue condena para servidor judicial que pidió S/ 3000 para interceder a favor de un demandado
Nota de prensaMediante conclusión anticipada, por delito de tráfico de influencias agravado.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
14 de agosto de 2024 - 2:06 p. m.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este (Primer Despacho) consiguió que se condene a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por dos años, al servidor judicial José A. Saavedra C., por el delito de tráfico de influencias agravado; por solicitar S/ 3000 para interceder a favor de un procesado por omisión a la asistencia familiar.
La sentencia, mediante la aplicación del mecanismo de terminación anticipada, fue obtenida por la fiscal provincial Rosmery Janet Villavicencio Heredia, lo que permitió que el imputado acepte su responsabilidad penal y sea condenado a dicha pena suspendida y al pago de S/ 4000 de reparación civil y de una multa de S/ 2424; así como a cuatro años de inhabilitación.
La imputación fiscal determinó que, en diciembre de 2018, el entonces servidor judicial buscó al demandado en su domicilio, para ofrecerle interceder ante el juez encargado de su caso. A cambio de esto le solicitó S/ 3000 y un adelanto de S/ 300, por transferir depósitos judiciales de otros casos sin cobrar a nombre de los agraviados de este proceso, y así cubrir la deuda que tenía.
La sentencia, mediante la aplicación del mecanismo de terminación anticipada, fue obtenida por la fiscal provincial Rosmery Janet Villavicencio Heredia, lo que permitió que el imputado acepte su responsabilidad penal y sea condenado a dicha pena suspendida y al pago de S/ 4000 de reparación civil y de una multa de S/ 2424; así como a cuatro años de inhabilitación.
La imputación fiscal determinó que, en diciembre de 2018, el entonces servidor judicial buscó al demandado en su domicilio, para ofrecerle interceder ante el juez encargado de su caso. A cambio de esto le solicitó S/ 3000 y un adelanto de S/ 300, por transferir depósitos judiciales de otros casos sin cobrar a nombre de los agraviados de este proceso, y así cubrir la deuda que tenía.