El fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, sostuvo una reunión de trabajo con los representantes en Perú de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la región Andina y el Cono Sur, realizada en la sede principal del Ministerio Público.

El objetivo del encuentro fue fortalecer la cooperación internacional que UNODC brinda al Ministerio Público para la implementación de acciones con el objetivo de combatir la trata de personas y sus delitos de explotación en nuestro país.

De esta manera, los funcionarios de UNODC presentaron al titular del Ministerio Público los objetivos y las actividades del proyecto ‘Disrupción’ que desarrollan en nuestro país, el cual forma parte del memorando de entendimiento suscrito por dicho organismo internacional con el Gobierno de Canadá, cuya duración es de cuatro años.

En la cita participaron los fiscales superiores coordinadores Jorge Chávez Cotrina, de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada; Rafael Vela Barba, de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos; Escarleth Laura Escalante, de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios; y Rocío Gala Gálvez, de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.

Participaron también los fiscales superiores coordinadores Elma Vergara Cabrera, de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio; Secilia Hinojosa Cuba, jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones. Además, la jefa de la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional– OPROCTI, Cinthia García Arcia; y la gerente central de la Escuela del Ministerio Público, Tatiana Mendieta Barrera.

Los representantes de la UNODC que participaron en el encuentro fueron Gilberto Zuleta Ibarra, oficial regional del Programa global contra la trata de personas; Rocío Urón Durán, coordinadora nacional del Programa de lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de Migrantes; Jenifer Flores Seña, oficial nacional contra la trata de personas y delitos conexos; así como Juan Daniel Ruiz Hernández, asesor líder del proyecto.