MINJUSDH coordina y articula intervenciones frente a situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos

En el marco del Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, a través del cual se creó el “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), coordina y articula intervenciones con 8 entidades del Poder Ejecutivo (Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) frente a situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos, por razón del ejercicio de sus labores de defensa.

Bajo dicho marco, el MINJUSDH realiza un monitoreo permanente (24 horas, 7 días de la semana) de las situaciones de riesgo que inciden sobre las actividades de las personas defensoras de derechos humanos e impulsa las medidas de protección y/o medidas urgentes de protección que correspondan.

Asimismo, se ha promovido la instalación de “Mesas regionales para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, como una estrategia territorial que permite coordinar la articulación y toma de decisiones para la protección de estas. A la fecha, se cuenta con siete (7) mesas regionales constituidas en Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Loreto, Amazonas, Junín y Piura.

Además, el MINJUSDH implementará el acceso a subsidios económicos para la atención de situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos, en el marco del proyecto de “Fortalecimiento del Mecanismo intersectorial”, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Perú y la Unión Europea.

Por otro lado, ante la desaparición de Mariano Isacama Felciano, integrante de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA), el MINJUSDH viene coordinando la oportuna intervención de diferentes entidades del Estado, entre ellas, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, a fin de dar con su paradero y que pueda retornar a su comunidad.