Un acto de discriminación puede ser sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de tres

De acuerdo al Código Penal, la persona que cometa discriminación puede ser sancionada con una pena privativa de libertad no menor de dos, ni mayor de tres años, y considerarse también una reparación civil. Así lo explicó Daniel Vargas Valle, supervisor de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en el programa virtual “Consultorio Legal”.

El especialista explicó que existen agravantes como ser un servidor público, realizar el hecho por Internet o mediante actos de violencia física o mental, aquí la pena puede ser no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación.

Asimismo, Vargas Valle sostuvo que una denuncia por discriminación se puede hacer ante una comisaría o el Ministerio Público; y se puede presentar pruebas como chats, documentos o alguna otra que permita demostrar que se trata de una acción reiterada.

El representante de la Defensa Pública agregó que la discriminación puede ser relacionado a un tipo de violencia psicológica que incluye tres elementos como trato diferenciado, motivo prohibido y limitación a un goce de derecho fundamental siendo además que se puede dar por color de la piel, origen, etnia, sexo, religión, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, condición económica, social u otra índole.

Anotó que existen otras instancias en las que se puede denunciar un acto de discriminación. Por ejemplo, si este se produce en un colegio, primero acudir al director de la institución educativa y posteriormente realizar la denuncia ante la UGEL. En tanto, si la situación se da en el ámbito laboral, recurrir al área de Recursos Humanos y seguidamente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Finalmente, Vargas Valle indicó que la Defensa Pública del MINJUSDH puede asumir la defensa técnica de las víctimas de esta situación a través de sus 34 direcciones distritales a nivel nacional, donde se brinda asistencia técnico legal y patrocinio a través del servicio de defensa de víctimas.