MINJUSDH inaugura oficina de Defensa Pública para brindar asesoría gratuita en procesos penales en el E.P Lurigancho

En representación del ministro Arana, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Charles Napurí Guzmán, inauguró la “Oficina de Defensa Pública Penal”, en el establecimiento penitenciario de Lurigancho a fin de garantizar el acceso a la justicia inclusiva de los privados de libertad a través de la atención de los requerimientos legales, que permitirá contribuir en el deshacinamiento penitenciario.

"A través de la gestión del ministro Arana, reafirmamos el compromiso del MINJUSDH y del Gobierno para implementar acciones que afronten la problemática penitenciaria y garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, dentro de ellas las que están privadas de su libertad", indicó el viceministro Napurí.

En cumplimiento con lo establecido en el eje 3 de la Política General de Gobierno para promover la inclusión social de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad desde un enfoque multidimensional, esta oficina permitirá regularizar la situación jurídica de las personas internas mediante los mecanismos legales existentes y las recientes normas promulgadas, con el fin último de deshacinar el establecimiento penitenciario y contribuir a la solución de esta problemática.

Por ello, se han asignado 10 defensores públicos penales, de las diferentes direcciones distritales, que brindarán asesoría técnico-legal y patrocinio gratuito en procesos penales, y asistencia legal al sentenciado, presentando también solicitudes de beneficios penitenciarios, procedimientos especiales de conversión de pena, vigilancia electrónica, entre otros, dentro de una renovada infraestructura y con equipamiento adecuado.

Se contó con la participación de Josué Gutiérrez, defensor del pueblo; Javier Llaque, presidente del INPE; Fabrizio Terán, coordinador ejecutivo del Eje Penal; William Romero, gerente financiero de Aba Roli Perú; Walter Martínez, director general de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia; Víctor Santos, director del E.P. Lurigancho; Eduardo Vegas, director de Defensa Penal de la DGDPAJ; César Fernández, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo y de los directores distritales de la Defensa Pública.