Discurso de investidura destaca ampliación de centros penitenciarios, fortalecimiento de unidades de flagrancia y compromiso con los DDHH

El discurso de investidura del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ante el Pleno del Congreso de la República, destacó una serie de acciones que conciernen a la gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), orientadas, principalmente, a afianzar la política penitenciaria, la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos humanos

Durante su presentación de esta mañana, el titular de la PCM dijo que, en legítimo ejercicio de la autoridad, se aplicará una política de seguridad de mano dura que brindará resultados inmediatos.

En ese marco, resaltó la ampliación de la infraestructura de los centros penitenciarios, que comprende, en principio, el inicio de la elaboración del expediente técnico del mejoramiento y ampliación del penal de Abancay, así como la reactivación de obras y culminación del expediente técnico para la ampliación y construcción de áreas complementarias en el complejo penitenciario de Arequipa.

Asimismo, informó que, en el primer semestre del presente año, se inaugurarán dos centros penitenciarios: Puno varones y Lampa mujeres, y que se procederá con la reapertura del establecimiento penitenciario Concepción mujeres.

Enfatizó que se han dado instrucciones para que el principio de autoridad esté plenamente garantizado en los penales de todo el país, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y las fuerzas del orden, y aseguró que no se tolerará que desde los establecimientos penitenciarios se realicen y organicen acciones criminales. Anotó que en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad la autoridad será extrema en todos los penales.

El titular de la PCM, de igual modo, indicó que un elemento central en la lucha contra la delincuencia y el crimen son las unidades de flagrancia, que permiten juzgar a quienes cometen delitos contra el patrimonio como hurtos, robos, peligro común, tenencia ilegal de armas, entre otros, en un plazo máximo de 72 horas y no en nueve meses, como sucede ahora.

Actualmente existen unidades de flagrancia en Sullana, Trujillo, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro, Lima Norte, Callao. El premier anunció que se realizarán las evaluaciones necesarias para asignar los recursos que se requieren a fin de implementar más unidades en el Santa, Tumbes, Piura y otras zonas del país. El MINJUSDH participa en estas sedes a través de la Defensa Pública.

Resaltó, además, la decisión del gobierno de incorporar a los pequeños, medianos y grandes empresarios, así como a los gremios de trabajadores, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que se declarará en sesión permanente.

Luego, reafirmó también el profundo compromiso del gobierno con el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos. En ese sentido, refirió que, para julio del 2024, se aprobará la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, instrumento rector en esta materia que orientará la acción del Estado para reducir la desigualdad y discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en toda su diversidad.

Agregó que, en las últimas décadas, hemos sido testigos de innumerables situaciones de conflictos sociales, y que no se puede hablar de seguridad ciudadana y reactivación económica si no se tiene una estrategia como Estado para prevenir y resolver los conflictos sociales. En ese sentido, señaló que desde el gobierno se trabajará en un plan integral de acción para la prevención y resolución de los conflictos sociales que tenga como ejes acciones a corto y mediano plazo, como la capacitación a funcionarios de los gobiernos local, regional y nacional, elaboración de bases para una Política de Estado de Prevención de los Conflictos Sociales, entre otras medidas.

Comentó, finalmente, que el pedido de facultades legislativas que realizará el Ejecutivo al Congreso contempla también la implementación de medidas en materia de políticas criminológica y penitenciaria.